El Gobierno nacional avanzó con la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Procrear. Se trata del histórico programa de acceso a la vivienda creado en 2012, que facilitó a miles de familias la posibilidad de acceder a la casa propia mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país. La medida, fue oficializada a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024. Genera inquietud y dudas entre los titulares de créditos y las familias que aún esperan la finalización o adjudicación de sus viviendas.
La decisión responde a la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado. Esta medida impacta directamente en el futuro del programa, que quedará en manos de administraciones provinciales y municipales o del sector privado.
La Nación estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”. Además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional.
En los considerandos de la medida, se refieren a informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron “demoras en la entrega de viviendas. También, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos”. La auditoría también subrayó sobrecostos generados por los atrasos y una administración tildada de poco transparente y ágil.
Qué pasará con los créditos ya otorgados
Uno de los mayores interrogantes tras la disolución del fondo es el destino de los créditos hipotecarios y personales que fueron otorgados bajo las distintas líneas del Procrear. Estos son tanto para adquisición, construcción o refacción de vivienda única, como créditos de desarrollos urbanísticos en ciudades de todo el país.
El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario. Así, se firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.
Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales. Y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.
La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
Qué ocurrirá con las obras sin terminar
La disolución del Procrear llega en un momento en el que se encuentran en desarrollo cerca de 17.000 viviendas en distintos puntos del país. Muchas de ellas con diferentes grados de avance. El Gobierno nacional resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
Las viviendas terminadas pero aún no adjudicadas, posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas. Lo que representaría un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizó al Procrear. Aún no se definió si contarán con financiamiento privado para facilitar el acceso a compradores.
La Provincia trabaja en el desarrollo de 10 mil soluciones habitacionales
En un contexto donde la disolución del Fondo Fiduciario Público del PROCREAR afecta a 17.000 viviendas en distintos puntos del país, muchas de ellas con diferentes grados de avance, Misiones consolida su política habitacional con recursos provinciales. A través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa), la Provincia trabaja actualmente en la construcción de 2.153 viviendas, de las cuales se proyecta entregar 1.500 durante el año.
En la misma línea, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó que “se planifican 10.000 soluciones habitacionales, escolares y sanitarias para 2025”. En este sentido, el mandatario remarcó ante los legisladores , que “somos la provincia que más viviendas entregó utilizando fondos propios y la séptima en el país incluyendo provincias que recibieron fondos”. también, añadió que “a través del Plan Techo, se realizaron 3.500 intervenciones y se prevén 3.900 más”.
Por otra parte, se tiene previsto potenciar la comercialización de casas de madera, en conjunto con Apicofom y el Banco Macro, dando valor a este material noble y de excelente calidad.
Durante el 2024, el Gobierno de Misiones entregó un total de 501 unidades habitacionales, casi el doble de lo que hubiera sido posible solo con los recursos transferidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Esta notable gestión la ubicó entre las provincias con más adjudicaciones de casas en el país.
