El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Milei propone 300 derogaciones y modificaciones a un universo de legislaciones. Se encuentran la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.
En cadena nacional, el presidente Javier Milei adelantó detalles sobre el contenido del DNU que se publicó en el Boletín Oficial. Se contempla la eliminación de una serie de leyes sancionadas durante las últimas décadas por el Congreso de la Nación.
La Ley de Góndolas es una herramienta fundamental para traccionar el desarrollo industrial y respaldar el espacio de las Pyme en los supermercados. Mientras que la Ley de Abastecimiento es utilizada para impedir maniobras que distorsionen el normal acceso a los bienes esenciales. Se aplica en situación de excepcionalidad.
Derogación de la ley de Abastecimiento
Acompañado de los miembros del gabinete nacional y del economista Federico Sturzenegger, el Jefe de Estado adelantó que mediante el DNU se derogará la Ley de Abastecimiento.
La normativa es utilizada por el Estado para proteger el bolsillo de los consumidores, promoviendo insumos básicos y esenciales, y congelando precios.
En particular, la ley permite regular “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios”. También intervenir sobre las prestaciones “que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento. Así como cualquier otro bien mueble o servicio”, en el caso que satisfaga necesidades básicas.
Además, habilita al Gobierno a fijar precios máximos, como también establecer márgenes de utilidad e intervenir -al menos temporalmente- en los procesos productivos de las compañías cuando considere necesario, pero contemplando la viabilidad de la empresa, ya que, de lo contrario, la misma debería ser compensada.
Como consecuencia del DNU impulsado por Milei, la desregulación implica que las empresas que elaboran productos esenciales tendrán vía libre para subir los precios. También podrán acaparar las góndolas con sus productos.
En tanto, sin el margen de utilidad, las compañías podrían ofertar poca mercadería para generar un clima especulativo, aumentar precios, y multiplicar sus ganancias.
El DNU de Milei deroga la ley de Góndolas
Milei también anunció la derogación de la Ley de Góndolas 27.545.
La normativa nació para garantizar el acceso a más productos regionales o artesanales y encontrar el equilibrio entre los operadores económicos para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia. Además, posibilita que las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas.
De acuerdo al texto de la normativa sancionada en 2020, apunta a “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”.
Asimismo, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos; y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio.
Observatorio de Precios: cuál es su función
Milei confirmó también que se eliminará el rol del Observatorio de Precios, que hasta ahora se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El Observatorio fue creado en 2022 por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en cumplimiento de la ley 26.992 sancionada en 2014. Se trata de un organismo que, de acuerdo a su propia definición, “tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación”.
Además, entre sus funciones se contempla que, en caso de detectar “actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios”, puede emitir un dictamen “concerniente a la evolución de los precios y a la disponibilidad de determinado insumo, bien o servicio y la relación con su estructura de costos, e informar a la autoridad de aplicación”.
