El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia eléctrica bajo jurisdicción federal y equiparó su vigencia con la que ya rige para el transporte y la distribución de gas natural.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con los integrantes de su gabinete.
Según el Gobierno nacional, la prórroga resulta necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” las anteriores prórrogas de la emergencia, declarada originalmente a fines de 2023, y porque el proceso de normalización del mercado eléctrico todavía se encuentra en desarrollo.
La norma dispone la prórroga de la emergencia declarada por el Decreto 55/2023 y posteriormente extendida por los decretos 1023/2024 y 370/2025.
En específico, el artículo 1° establece: “Prorrógase la emergencia del Sector Energético Nacional (…) en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal (…) hasta el 31 de diciembre de 2027”.
Uno de los argumentos centrales de la decisión es la necesidad de coordinar la emergencia eléctrica con la vigente para el sistema de transporte y distribución de gas natural, que ya había sido prorrogada hasta esa misma fecha mediante el Decreto 49/2026.
En ese sentido, el Gobierno nacional sostuvo que existe una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural” y señaló que el gas natural “constituye un insumo crítico para la generación térmica de energía eléctrica”.
Por ese motivo, consideró necesario “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” para “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”.
El decreto sostiene además que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”.
Entre los fundamentos técnicos, el Gobierno nacional remarcó que durante febrero de 2025 el sistema registró una demanda máxima de 30.257 megavatios y que el margen disponible fue de apenas 4,4 %, nivel que consideró insuficiente para garantizar reservas adecuadas frente a contingencias.
También advirtió que el parque generador presenta “un alto grado de envejecimiento”, que las principales estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90% y que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
Otro de los puntos salientes de la prórroga es la continuidad del proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese sentido, Nación recordó que en diciembre de 2023 la tasa de cobrabilidad de Cammesa era “cercana al 48 %”, mientras que actualmente alcanza niveles próximos al “97 %”.
De todas maneras, sostuvo que la recuperación todavía necesita consolidarse y advirtió que “una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por Cammesa, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.
El decreto también vincula la continuidad de la emergencia con la política de reducción gradual de subsidios. Según el texto, durante mayo de 2026 el Precio Estacional (PEST) aplicado a usuarios residenciales subsidiados representó “aproximadamente el 24 %” del precio de referencia de la energía, lo que marca “la subsistencia de una brecha económica relevante que debe ser atendida en forma gradual, previsible y focalizada”.
En ese marco, el Gobierno nacional afirmó que es necesario coordinar la transición con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para “avanzar hacia la sostenibilidad económica-financiera del sistema eléctrico y reducir progresivamente la dependencia de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional”.
Además, se advirtió que si la emergencia no fuera prorrogada podrían producirse “discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.
Por ese motivo, el Ejecutivo concluyó que resulta “necesario y urgente extender la declaración de emergencia del Sector Energético Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2027 y consideró que la medida permitirá “continuar adoptando las medidas regulatorias, operativas, económicas, contractuales, tarifarias y de infraestructura necesarias” para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico.
Clarín
