El presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, Adrián Torres, cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El mismo está en proceso de análisis en el Congreso nacional. Advirtió que habilitaría desalojos exprés en todo el país, con menos instancias judiciales y en un contexto económico complejo para los inquilinos.
El proyecto en discusión propone acortar plazos y simplificar procesos. En concreto, establece intimaciones de pago de apenas tres días y habilita mecanismos sumarísimos para avanzar con desalojos. Esto reduciría drásticamente los tiempos judiciales que hoy pueden extenderse durante meses.
Torres advirtió que esa lógica busca “evitar todo el entramado judicial” y avanzar directamente con la restitución del inmueble. “Lo que están buscando es un desalojo exprés, inclusive sin una sentencia firme”, sostuvo.
En esa línea, planteó que la iniciativa pone el foco en proteger al propietario por sobre cualquier otra consideración. Según explicó, la esencia del proyecto es “garantizar la propiedad de bienes de renta sin importar la situación del inquilino”.
El dirigente remarcó que no se contemplan de manera explícita situaciones particulares, como la pérdida de empleo o dificultades económicas. Aunque aclaró que podría haber intervención judicial en casos puntuales, insistió en que el espíritu de la ley apunta a acelerar los procesos sin analizar el contexto social.
Un mercado sin regulación y mayor desigualdad
Desde la Asociación de Inquilinos sostienen que el problema de fondo es la falta de regulación del mercado. Torres afirmó que, incluso antes de este proyecto, el sector ya funcionaba en condiciones desiguales.
“Es un mercado leonino y salvaje que no tiene regulación”, expresó. Además, consideró que la propiedad privada está garantizada por la Constitución Nacional, por lo que no sería necesaria una nueva ley para reforzar ese aspecto.
En ese marco, diferenció dos conceptos: la propiedad como derecho y el alquiler como actividad económica. “La propiedad puesta en locación es una actividad comercial, porque hay lucro, y debería tener otra normativa”, explicó.
También apuntó contra el contexto político y económico. Según su visión, desde la derogación de la anterior ley de alquileres se profundizó la desprotección del inquilino. “Se fue agudizando la situación en todo sentido”, afirmó.
Preocupación y expectativas frente al debate
El tratamiento legislativo genera incertidumbre en el sector. Torres anticipó que, por los antecedentes recientes, el proyecto podría avanzar sin grandes modificaciones. “Avizoramos que se va a aprobar”, señaló, al tiempo que cuestionó el rol del Congreso en este tipo de iniciativas.
En cuanto al impacto social, describió un escenario de preocupación creciente entre los inquilinos. Indicó que muchos ya enfrentan dificultades para afrontar alquileres, expensas y otros costos asociados a la vivienda.
Finalmente, sostuvo que el eje del debate debería centrarse en las ocupaciones ilegales y no en los inquilinos formales. “El inquilino no busca hacer un contrato para no cumplirlo”, afirmó. Además, agregó que en muchos casos el incumplimiento responde a situaciones de fuerza mayor.
El proyecto, que podría tratarse en los próximos días, ya marca una nueva tensión en el mercado inmobiliario, donde se profundiza la disputa entre propietarios e inquilinos en un contexto de alta demanda, baja oferta y reglas en transformación.
