En línea con las medidas anunciadas recientemente por el Ministerio de Hacienda de Misiones para limitar los descuentos sobre los haberes de trabajadores estatales y jubilados, la Justicia misionera comenzará a aplicar un criterio similar para proteger el salario frente a deducciones que excedan los límites legales. Según confiaron fuentes judiciales, los tribunales provinciales tomarán como referencia el régimen de inembargabilidad previsto en el Decreto 484/87, que establece un porcentaje máximo de afectación sobre las remuneraciones.
La decisión encuentra respaldo en recientes resoluciones judiciales, donde se advierte que los descuentos aplicados por entidades financieras absorbían un porcentaje “sustancialmente superior” al límite del 20% previsto por esa normativa nacional.
En uno de los fundamentos judiciales se señala que, en esta etapa preliminar del proceso, “la documentación acompañada permite advertir prima facie que los débitos efectuados por la entidad financiera demandada absorben un porcentaje sustancialmente superior al límite del veinte por ciento (20%) previsto por el Decreto 484/87 en materia de inembargabilidad y afectación de salarios”.
El texto agrega que esa circunstancia configura una “apariencia razonable de vulneración del régimen protectorio del salario“, lo que habilita la intervención judicial para evitar que continúe el perjuicio económico sobre el trabajador.
Además, la resolución recuerda que la remuneración posee carácter alimentario y cuenta con una protección especial otorgada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En ese sentido, sostiene que “la reducción del haber disponible a una suma ostensiblemente inferior al porcentaje legalmente disponible importa, en principio, una afectación que trasciende el ámbito meramente contractual y compromete garantías de jerarquía constitucional“.
Un criterio que acompaña las medidas de Hacienda
La postura judicial se conoce pocos días después de que el Ministerio de Hacienda provincial anunciara modificaciones en el sistema del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD), mediante la Resolución Nº 497.
A partir de esa disposición, todos los descuentos efectuados a través del sistema, incluidos los correspondientes a créditos del IPLyC, deberán respetar un tope del 39% del haber neto de trabajadores estatales y jubilados provinciales.
Hasta ahora, los préstamos del IPLyC no estaban alcanzados por ese límite, lo que en algunos casos permitía que el nivel de descuentos superara el porcentaje considerado razonable sobre los ingresos mensuales.
La resolución también prevé un programa de refinanciación para quienes actualmente registran descuentos superiores al tope establecido, con el objetivo de adecuar las cuotas y reducir el impacto sobre el salario disponible.
Protección del ingreso
Aunque se trata de mecanismos distintos, las medidas administrativas impulsadas por Hacienda y el criterio que comenzará a aplicar la Justicia provincial persiguen un mismo objetivo: preservar el carácter alimentario del salario y evitar que los descuentos comprometan la capacidad económica de trabajadores y jubilados.
Mientras la resolución administrativa ordena el funcionamiento del sistema CUAD y limita los descuentos futuros, la intervención judicial permitirá revisar situaciones particulares en las que los débitos practicados por entidades financieras excedan los límites previstos por la legislación vigente.
De esta manera, tanto la administración provincial como la Justicia avanzan en una misma dirección: reforzar la protección del ingreso de los trabajadores y garantizar que cualquier afectación sobre los haberes respete los principios de razonabilidad y las garantías constitucionales que resguardan el salario.
