La crisis económica y la falta de dinero para cubrir necesidades básicas exponen a más personas a los préstamos informales con intereses abusivos, que en algunos casos derivan en amenazas, hostigamiento y persecución. En una entrevista con Canal Doce, el abogado Cristian Leites explicó cómo reconocer estas prácticas, qué pruebas conservar y cuáles son las vías legales para denunciar a los prestamistas.
Leites advirtió que estos mecanismos se diferencian de los créditos bancarios y de los que ofrecen las billeteras virtuales. “Estamos hablando de préstamos que son con personas individuales generalmente; no es una entidad bancaria, no es una billetera virtual, no tiene ningún tipo de respaldo esta gente”, señaló durante el programa Conectadas.
El abogado explicó que, por lo general, estos acuerdos carecen de contratos formales. Cuando el deudor no puede cumplir con los pagos, algunos prestamistas recurren al hostigamiento y la persecución para exigir la devolución del dinero. Las amenazas pueden llegar por WhatsApp, redes sociales y mensajes de texto, e incluso extenderse a los familiares o garantes de la persona endeudada.
La crisis económica y el impacto en Misiones
Durante la entrevista, las conductoras de Canal Doce advirtieron sobre la gravedad del problema en la provincia. Según señalaron al aire, en las dos semanas previas se registraron dos suicidios en Misiones vinculados con situaciones de endeudamiento, cuyos casos incluyeron cartas en las que las víctimas habrían explicado que sufrían acoso por parte de quienes les prestaron dinero.
Las presentadoras también remarcaron que la necesidad urgente de efectivo, ya sea para cancelar otras deudas o cubrir gastos básicos como la alimentación de los hijos, deja a muchas personas en una situación de vulnerabilidad. En ese contexto, señalaron que las mujeres aparecen entre los principales grupos afectados por estas prácticas.
Usura: qué dice la ley y quién comete el delito
Al referirse al artículo 175 bis del Código Penal argentino, Leites explicó que la figura de usura alcanza a quien se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona para obtener una ventaja patrimonial desproporcionada.
“En el derecho no hay tasas o porcentajes fijos que expresen cuándo un interés es usurero”, aclaró. Según detalló, para evaluar cada caso se realiza una estimación y se compara el interés exigido con los parámetros habituales y el costo financiero total (CFT).
El abogado hizo hincapié en una aclaración central para quienes atraviesan estas situaciones: pedir un préstamo informal no convierte automáticamente a la víctima en responsable de un delito. “El que comete el delito es aquel que se aprovecha de la necesidad de la persona para prestarle dinero”, sostuvo.
Cómo reunir pruebas y presentar una denuncia
Leites recomendó conservar todos los mensajes, audios, correos electrónicos y comunicaciones que contengan amenazas o actos de hostigamiento. “Todo lo que representa una prueba —un mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico o mensaje en redes sociales— todo se guarda y se hace captura de pantalla”, indicó. También aconsejó no destruir el teléfono celular, ya que puede resultar necesario para las pericias.
El profesional explicó que, desde 2024, el Código Procesal Penal de Misiones cuenta con modificaciones vinculadas con la obtención de pruebas digitales, tras la creación de la Fiscalía de Ciberdelito. Las capturas pueden aportar datos como la fecha y la hora de los mensajes, aunque la Justicia puede requerir procedimientos técnicos específicos para extraer y verificar las conversaciones.
Por último, recomendó acudir a la comisaría más cercana o a la fiscalía de turno con las pruebas disponibles y denunciar posibles delitos de amenazas, coacción y usura. “La gente no tiene que pensar que por haber accedido a un préstamo ilegal es parte del delito”, insistió.
En un contexto de crisis económica nacional, endeudamiento y dificultades para cubrir los gastos básicos, el acceso a préstamos informales puede convertirse en una situación de alto riesgo cuando aparecen intereses abusivos y amenazas. Las advertencias de Leites apuntan a una cuestión central: las personas afectadas no deben afrontar solas el hostigamiento ni temer denunciar por haber solicitado dinero. Guardar las pruebas y acudir a la Justicia son medidas clave para frenar las intimidaciones y permitir que las autoridades investiguen a quienes se aprovechan de la necesidad ajena.
