En Argentina comenzó a regir la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, una norma que introduce cambios en el régimen tributario con el objetivo de incentivar el ingreso de ahorros en dólares al sistema financiero formal. La medida apunta a modificar el vínculo entre los contribuyentes y el fisco. Sobre todo, en un contexto atravesado por la desconfianza generada por crisis económicas anteriores.
En dialogo con “El Noticiero Central” de Canal Doce, el contador tributarista Guillermo Poch detalló que la ley propone un giro en la lógica de control fiscal. “Hay un cambio de paradigma, ese cambio de paradigma no es perseguir a la gente, sino que la gente saque la plata del colchón, y a través de la ley de inocencia fiscal se modificaron los umbrales mínimos de punibilidad y se aumentaron los montos”, puntualizó. En ese marco, aclaró que la norma busca reducir la presión penal sobre determinados contribuyentes.
La ley eleva los montos y redefine el rol del fisco
Además, el profesional precisó que uno de los cambios centrales es que ahora la carga de la prueba recae sobre el Estado. A partir de ahora “se estableció que el fisco tiene que probar efectivamente que hubo una evasión de gravamen, y se incorporaron modificaciones en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, algo que se llama ganancia simple, y cambios en los plazos de prescripción”. También mencionó la incorporación del efecto liberatorio del pago en determinadas situaciones.
En relación con las sanciones penales, el especialista detalló el aumento de los pisos establecidos por la ley. Por ejemplo, “antes, una persona que había omitido más de 1.500.000 pesos ya entraba en la ley penal tributaria; hoy ese monto se elevó a 1.000 millones de pesos. En el caso de los agentes de recaudación también se incrementaron de manera significativa los límites”. Según comentó, el objetivo es evitar que infracciones menores deriven en causas penales.
El ingreso de dólares no implica una amnistía total
Consultado sobre el alcance del ingreso de divisas al sistema bancario, Poch aclaró que la norma no habilita una regularización irrestricta. “Esto no se convierte en un blanqueo, no se modificaron las normas para dar una indemnidad total; lo que se busca es que la gente no se sienta tan observada en determinados umbrales. Es como si en el Obelisco los autos pasaran en rojo y el policía mirara para el costado, no es que se cambió la regla, sino la forma de control”, remarcó.
“Tampoco se modificó la Ley de Lavado de activos ni las normas del Banco Central, por eso los bancos privados siguen obligados a cumplir con determinados controles”, señaló. En cuanto a equiparar las condiciones, agregó que “habría que modificar toda una serie de normas para que sea lo mismo ir al Banco Nación que a una entidad privada”.
Finalmente, Poch indicó que el nuevo esquema permite regularizar deudas sin recurrir de manera inmediata a medidas extremas. Es decir, es “un nuevo paradigma, de no ser tan agresivo cuando el fisco está controlando, y de dar la posibilidad de ponerse al día y evitar embargos y acciones penales. Según explicó, la nueva norma redefine los márgenes de intervención estatal sin eliminar las obligaciones fiscales vigentes.
