La empresa textil Fantome Group S.A. entró en concurso preventivo. La medida fue dispuesta el 23 de febrero. Ocurre en medio de una crisis financiera marcada por la caída del consumo, la pérdida de contratos y el avance de las importaciones.
La firma fue proveedora de marcas como Reebok, Kappa, Kevingston y Billabong. En su mejor momento llegó a emplear a unas 120 personas. Hoy mantiene apenas 20 trabajadores.
Según consta en el expediente, la compañía acumula una deuda significativa. Tiene 26 cheques rechazados por más de 39,7 millones de pesos. Además, registra compromisos bancarios cercanos a los 45,6 millones, en situación de alto riesgo. Entre los principales acreedores aparecen Garantizar SGR y Banco Galicia.
En el marco del proceso, los acreedores podrán verificar sus créditos hasta el 17 de junio. La audiencia informativa fue fijada para abril de 2027. Mientras tanto, la empresa pidió autorización para continuar operando. También busca sostener contratos esenciales, como el alquiler de su planta y el uso de maquinaria.
Fantome Group fue creada en 2017. Comenzó a operar en 2018 con una planta en la Ciudad de Buenos Aires. Allí desarrollaba un proceso integral que incluía diseño, moldería, confección, estampado y distribución. Durante sus primeros años logró consolidar una cartera de clientes que le permitió sostener su producción.
El primer golpe fuerte llegó en 2020. Kevingston, su principal cliente, dejó de producir en el país y optó por importaciones. La empresa señaló que ese cambio representó un quiebre estructural. Con el tiempo, otras marcas siguieron el mismo camino.
Entre 2022 y 2025, la firma se sostuvo gracias a su vínculo con Distrinando S.A. Fabricaba indumentaria deportiva para Kappa y Reebok, e incluso equipamiento para clubes. Sin embargo, ese contrato también se canceló en 2025, lo que significó la pérdida de su última fuente de ingresos relevante.
En su presentación judicial, la empresa describió el escenario como una “competencia diabólica”. Apuntó al crecimiento de las importaciones, favorecidas por la baja de aranceles y el régimen courier. A esto sumó el aumento de costos, la presión impositiva y la falta de financiamiento.
Además, enfrenta embargos judiciales por más de 130 millones de pesos. Este conjunto de factores derivó en la cesación de pagos. Ahora, la firma intenta sostenerse con una marca propia y servicios de bordado y estampado, mientras busca reordenar su situación a través del proceso concursal.
