El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puso en marcha una campaña pública en redes sociales para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El eje central del planteo apunta a la falta de transferencias para salarios, becas y gastos de funcionamiento.
Desde el organismo, los rectores señalaron que el sistema enfrenta un ajuste presupuestario del 45%, con impacto directo en el funcionamiento cotidiano de las universidades. La situación incluye restricciones en actividades académicas y científicas.
El conflicto también se refleja en el plano laboral. Según datos del sector, docentes y no docentes registran una pérdida del 141% frente a la inflación desde fines de 2023.
Las autoridades universitarias describen que esta brecha equivale a una pérdida acumulada cercana a siete salarios completos en los últimos 30 meses, lo que profundiza el malestar en el sistema educativo superior.
Ley aprobada, pero sin aplicación efectiva
La ley de financiamiento universitario fue aprobada en noviembre de 2025 y posteriormente promulgada tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso. Sin embargo, su implementación permanece sin ejecución plena por parte del Poder Ejecutivo.
Ante este escenario, el CIN inició acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la normativa. La Justicia falló en primera y segunda instancia a favor de las universidades, aunque el caso llegó a la Corte Suprema tras la apelación del Gobierno.
Campaña pública y convocatoria a movilización
En paralelo al frente judicial, los rectores decidieron reforzar el reclamo en el espacio público. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Oscar Alpa, impulsaron la campaña y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria.
Bartolacci sostuvo: “El Gobierno debe cumplir con la ley y con los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios y garantizar el funcionamiento del sistema”. El mensaje se difundirá de manera masiva en redes sociales como parte de la estrategia de visibilización.
Desde el sistema universitario también se convocó a la sociedad a acompañar el reclamo en defensa de la educación pública. El planteo advierte que la falta de financiamiento afecta tanto la operatividad institucional como el desarrollo científico.
Con la campaña digital y la marcha en preparación, las universidades buscan ampliar el respaldo social y mantener el tema en la agenda pública en las próximas semanas.
