México inauguró una nueva etapa en su historia judicial con la asunción de los primeros jueces elegidos por voto popular. Este lunes asumieron más de 2000 cargos, entre jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores estatales y distritales. La jornada marcó un hecho inédito para la justicia mexicana, aunque quedó atravesada por advertencias de organizaciones civiles y la oposición sobre los riesgos de influencia política y del crimen organizado.
Las elecciones del 1 de junio, que definieron a los nuevos integrantes del sistema judicial, despertaron cuestionamientos desde distintos sectores. La participación apenas alcanzó el 13% del electorado y varios observadores denunciaron irregularidades. Según críticos, se usaron mecanismos ilícitos que direccionaron votos hacia candidatos vinculados con el oficialismo de izquierda.
Durante su primer informe anual de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acontecimiento. “Bienvenido el nuevo poder judicial, un hecho inédito y profundamente democrático”, expresó ante la instalación de los magistrados. También afirmó que con los nuevos jueces “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para la sociedad mexicana.
En la ceremonia destacó la figura del mixteco Hugo Aguilar, el candidato más votado, quien asumió la presidencia de la Suprema Corte. De los nueve integrantes de este tribunal, seis mantienen cercanía con el oficialismo. La designación de Aguilar cobró especial relevancia por sus raíces indígenas, las cuales fueron honradas en un ritual celebrado en un sitio arqueológico del sur de Ciudad de México. Allí se entregaron bastones de mando consagrados a cada juez supremo.
Aguilar, antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”. Según Efraín Solano, líder indígena zapoteco que participó del ritual, los bastones representaron una muestra de “confianza a alguien que tiene la sabiduría para aplicar la justicia”.
La reforma judicial que permitió estos comicios tiene previsto un segundo capítulo en 2027, cuando se renovarán puestos de la Suprema Corte y cargos locales en diez estados. El proceso surgió como iniciativa constitucional de López Obrador y continuó bajo la gestión de Sheinbaum.
Sin embargo, desde la oposición y las ONG se multiplicaron las objeciones. Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, advirtió que la reforma no buscó resolver la impunidad, que supera el 90%, ni mejorar la justicia. Según él, el objetivo fue “capturar políticamente al Poder Judicial”.
Meza sostuvo que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos favorables al gobierno en tribunales clave. Su organización detectó además un reparto masivo de volantes que orientaron votos hacia perfiles oficialistas.
El dirigente señaló que en varios estados “los procesos fueron determinados por los gobernadores”, lo que facilitó la victoria de ciertos aspirantes. Defensorxs identificó al menos 25 candidatos con antecedentes penales o acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Seis de ellos lograron asumir, según el monitoreo de la organización.
Entre los casos más resonantes apareció el de Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán. Ella se convirtió en jueza penal en Chihuahua, aunque arrastra denuncias por supuestos vínculos con su antiguo cliente. Además, demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios y al propio Meza por difundir información sobre su relación con el “Chapo”.
El activista expresó temor por la consolidación de juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o bajo control de políticos asociados con mafias. Sus palabras coincidieron con los reclamos de la oposición.
El exdiputado federal Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, también criticó la reforma poco antes de las elecciones. Señaló que con esta medida el oficialismo puso “en juego el proyecto autoritario del gobierno”. Recordó que “el Poder Judicial fue un contrapeso en los primeros años de López Obrador, que lo vio como un obstáculo y propuso esta reforma para destruirlo y construir otro afín al oficialismo”.
Con estos planteos, México abrió una etapa inédita en su sistema judicial. Para el oficialismo, el país dio un paso hacia mayor legitimidad y legalidad. Para la oposición y organizaciones civiles, en cambio, el riesgo de injerencia política y criminal amenaza con debilitar el objetivo de justicia que se proclamó como bandera del nuevo poder judicial.
