El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero requirieron la intervención de la Cancillería argentina ante la situación de la abogada Agostina Páez. La letrada enfrenta un proceso penal en Río de Janeiro, Brasil, acusada de discriminación. Además, permanece retenida con tobillera electrónica y no puede salir de ese país.
Ambas instituciones solicitaron que “se asegure la intervención del Consulado argentino con jurisdicción en Río de Janeiro, a efectos de que se le brinde a la ciudadana argentina Agostina Páez la asistencia consular debida y el seguimiento del proceso penal en curso, para que se le permita retornar al país sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones judiciales que correspondan”. De este modo, buscaron garantizar respaldo diplomático y seguimiento permanente del expediente.
El planteo surgió a partir de una presentación impulsada por el colegio santiagueño, presidido por Luis Alberto Miguel. En ese escrito, la entidad denunció una detención “injusta y arbitraria” de la profesional matriculada en esa provincia. Además, pidió gestiones diplomáticas para asegurar su liberación y facilitar su regreso a la Argentina.
Por su parte, el presidente del colegio porteño, Ricardo Lavedra, envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida a Pablo Quirno. Allí solicitó que se active la intervención del consulado argentino con jurisdicción en Río de Janeiro para “garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales” de la ciudadana argentina. Entre esos derechos, mencionó el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.
Por qué piden la intervención de Cancillería en el caso de Agostina Páez
La presentación por pate de estas entidades subrayó que, sin desconocer la jurisdicción y soberanía de las autoridades brasileñas, el caso amerita “la intervención de la representación consular correspondiente”. Según indicaron, esa actuación permitiría verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El reclamo se apoyó en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Ley 17.081) y en la Ley del Servicio Exterior. Ambas normas establecen como función de los diplomáticos “prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses”.
En paralelo, el colegio santiagueño expresó su “profunda preocupación institucional” por la situación de Páez, detenida desde el 14 de enero de 2026 en Brasil. En esa nota afirmó que la abogada se encuentra privada de su libertad “sin que se le hayan garantizado las mínimas condiciones de debido proceso conforme a los estándares del derecho internacional y los principios rectores de los derechos humanos”.
Además, la entidad sostuvo que la situación “ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación de derechos que pudiera argumentar la Justicia” brasileña. También advirtió sobre la “falta de un adecuado control judicial sobre las imputaciones formuladas” y la “imposibilidad de mantener contacto regular con su familia”.
