La denuncia quedó radicada en el fuero Penal Económico, tras el antecedente abierto por el Gobierno por las actividades hidrocarburíferas. Los abogados sostuvieron que la explotación pesquera con licencias británicas impacta de manera directa en la soberanía argentina y en los recursos de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.