La Policía de Paraguay detuvo a Santiago Peña en su domicilio, luego de que el Congreso lo destituyera de la Presidencia de la República. El expresidente permanecerá bajo reclusión domiciliaria, mientras el país atraviesa el proceso de sucesión institucional que llevó a Pedro Alliana a asumir como nuevo jefe de Estado. Según detallaron desde la fuerza policial, el exmandatario permanecerá en su domicilio hasta este sábado a las 11, cuando se proceda a llevarlo a la sede del Ministeiro Público para avanzar con la investigación.
La medida responde a una causa que investiga la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles. La disposición lleva las firmas de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.
El equipo remitió la orden a la Comandancia de la Policía Nacional para que ejecute la captura. La medida se suma a la denuncia que un grupo de legisladores presentó el jueves 5, como ampliación de otra radicada el 22 de octubre de 2025, en la que señalaron nuevos hechos relacionados con los presuntos vínculos económicos de Peña y su entorno con el grupo Ueno.
Entre los antecedentes mencionados figura que, en 2023, el entonces mandatario declaró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones, que vendió en abril de 2025, además de un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti. La presentación también menciona que su hermano figura como socio de U Holding Sarl, firma a través de la cual el grupo controlaría Ueno.
Los legisladores cuestionaron, además, la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay, en particular de su titular, Carlos Carvallo, porque, según la denuncia, conocían desde abril de 2026 los problemas de la entidad y no aplicaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis.
Otro punto bajo análisis es la colocación de fondos públicos en Ueno por parte del Instituto de Previsión Social, Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Economía, entre otros organismos. Los denunciantes solicitaron determinar si el Estado resultó perjudicado o si existió connivencia en esas operaciones.
Así, se concretó la detención del exjefe de estado, mientras avanza en el Senado la conformación del nuevo gabinete Ejecutivo, encabezado por el ahora presidente Pedro Alliana.
