La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedió a la Argentina una medida clave en el juicio que enfrenta por YPF: suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado a entregar el 51% de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park hasta que se resuelvan las apelaciones. Además, la Corte aceptó que el gobierno de Donald Trump se presente como “amigo de la corte”.
El 30 de junio pasado, Preska había ordenado la entrega de las acciones como forma de pago de la indemnización fijada en US$16.100 millones más intereses. La defensa argentina apeló esa decisión y, mientras se tramita la apelación, la Corte concedió una suspensión administrativa temporal. En Estados Unidos, la sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente al apelar, sino que queda a criterio del juez.
“La Corte de Apelaciones le dice a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo que pedir las acciones de YPF como forma de pago en esta instancia es ir muy lejos, sabiendo que las acciones de YPF no se pueden transferir de Buenos Aires a Nueva York porque se necesita la aprobación del Congreso”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en juicios internacionales.
La Procuración del Tesoro celebró la medida y destacó que garantiza que el Estado argentino conserve la participación mayoritaria en la petrolera mientras se desarrolla la apelación, considerando la decisión un paso fundamental en la defensa de un activo estratégico.
Actualmente, Argentina mantiene dos apelaciones en curso: una por la indemnización establecida en septiembre de 2023 y otra por la orden de entrega del 51% de las acciones. En la primera causa, la Cámara fijó audiencia para la semana del 27 de octubre, mientras que en la segunda se estableció que la defensa presente su escrito el 25 de septiembre, permitiendo a los fondos demandantes responder posteriormente.
Expertos señalan que incumplir la orden de Preska tendría principalmente un impacto reputacional, sin consecuencias prácticas inmediatas, dado que los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera.
El conflicto tiene sus raíces en la estatización del 51% de YPF en 2012. En ese momento, Eton Park era accionista de la petrolera y Burford Capital adquirió derechos de litigio relacionados con la quiebra de empresas de la familia Eskenazi. Ambos fondos sostienen que la Argentina no cumplió con las obligaciones de una oferta pública de adquisición (OPA) según el estatuto de YPF, mientras que el país asegura haber actuado conforme a la Ley de Expropiación y priorizando la Constitución por encima de estatutos empresariales.
El fallo de primera instancia, que eximió de responsabilidades a YPF y condenó al Estado a pagar la indemnización, fue apelado por la Argentina ante la Cámara del Segundo Circuito, que deberá resolver ambas apelaciones en las próximas semanas.
