El Gobierno nacional declaró oficialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como una organización terrorista. Mediante esta sorpresiva medida, el Poder Ejecutivo dispuso la inmediata incorporación de la entidad militar iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La Oficina del Presidente informó la decisión a través de un comunicado de prensa difundido el martes por la tarde. Señaló que la determinación se fundamenta en sólidas investigaciones judiciales y en diversos trabajos de inteligencia criminal. Estos informes vinculan directamente al CGRI con los atentados terroristas perpetrados en la década de 1990 en territorio de la República Argentina.
En ese sentido, el comunicado oficial recordó detalles de los trágicos ataques que marcaron la historia del país. Indicó que el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires. Aquel atentado dejó un saldo doloroso de “29 muertos y más de 200 heridos” entre diplomáticos, empleados y transeúntes. Asimismo, remarcó que el 18 de julio de 1994 otro brutal atentado demolió la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. Esta acción criminal causó “85 víctimas fatales y más de 300 heridos”, constituyendo el peor ataque terrorista en la historia argentina.
De acuerdo al texto oficial difundido por la Presidencia, las investigaciones judiciales concluyeron que ambos ataques fueron planificados y financiados por Irán. Además, afirmaron que los atentados se ejecutaron con la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. Según la acusación sostenida por el Gobierno argentino, el grupo operó en el país a través de la organización terrorista libanesa Hezbollah. Como consecuencia de estas investigaciones, la Justicia argentina emitió oportunamente alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes acusados. Entre ellos figura el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien actualmente se encuentra al frente del CGRI.
La decisión administrativa fue adoptada en estricta coordinación entre distintas áreas clave del Gabinete nacional. Participaron activamente la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida se basó en informes oficiales actualizados que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional por parte del grupo. Estos reportes incluyen la comisión de actos de terrorismo explícitos en territorio argentino durante la década pasada.
La efectiva incorporación de la Guardia Revolucionaria al RePET habilita de inmediato la aplicación de severas sanciones financieras. También impone restricciones operativas destinadas a limitar severamente la capacidad de acción de la organización dentro del país. El objetivo principal de la medida radica en proteger al sistema financiero argentino de su utilización con fines ilícitos por parte de la entidad iraní.
Finalmente, el presidente Javier Milei sostuvo firmemente los motivos políticos y morales detrás de esta determinación histórica. Afirmó que la medida busca saldar una deuda histórica de “más de 30 años” con las víctimas de ambos atentados terroristas y sus familiares. El mandatario reafirmó el compromiso inquebrantable de su administración en la lucha global contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Al mismo tiempo, planteó el claro alineamiento estratégico de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla mediante la violencia.
