El gobierno de Estados Unidos impuso este martes una serie de sanciones económicas dirigidas a diez personas y empresas de Irán y Venezuela. El Departamento del Tesoro acusó a estas entidades de facilitar la comercialización internacional de drones de combate y materiales para misiles balísticos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) sancionó específicamente a la Empresa Aeronáutica Nacional SA de Venezuela y a su presidente, José Jesús Urdaneta González. La empresa venezolana participó en la adquisición y ensamblaje de drones de la serie Mohajer fabricados por la compañía iraní Qods Aviation Industries.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, explicó la decisión en un comunicado oficial. “El Tesoro está exigiendo responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”, afirmó Hurley.
La medida forma parte de una política más amplia de Estados Unidos para frenar el programa de misiles de Irán y su transferencia de armas convencionales. Las autoridades estadounidenses consideran que estas actividades representan una amenaza para sus aliados en Medio Oriente y para la estabilidad en el Hemisferio Occidental.
Según la Ofac, la empresa venezolana Eansa reetiqueta los drones iraníes bajo el nombre Ansu para las fuerzas armadas de Venezuela. Esta cooperación técnica y militar entre ambos países se extiende desde al menos el año 2006 e incluye modelos de drones con capacidades de reconocimiento y ataque.
Agregaron sanciones por compras de químicos para la industria de misiles
La lista de sancionados también incluye a empresas e individuos iraníes vinculados a la adquisición de componentes químicos para la industria de misiles. Uno de ellos, Mostafa Rostami Sani, coordinó la compra de perclorato de sodio, un compuesto clave para fabricar combustible de cohetes, para una empresa estatal iraní.
Las sanciones se extienden a otras firmas iraníes que producen componentes para los programas de drones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estas empresas y sus directivos ahora enfrentan el bloqueo de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
Como resultado de estas medidas, todos los activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. El gobierno advierte que cualquier persona o banco extranjero que realice negocios con los designados se expone a sufrir sanciones secundarias por parte de Estados Unidos.
