El ex presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua por cargos de insurrección vinculados a la declaración de ley marcial de emergencia. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y se difundió en transmisión directa a la población. El fallo determinó que existió una afectación al funcionamiento institucional. La decisión marca un hecho de alto impacto político y judicial.
El tribunal sostuvo que la clave del caso fue el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional. Según la resolución, la declaración de ley marcial constituye insurrección cuando transgrede la autoridad parlamentaria. La Justicia consideró que Yoon intentó impedir el desempeño normal del Parlamento durante un período prolongado. Este punto fue central para establecer la responsabilidad penal del ex mandatario.
El equipo legal encabezado por la abogada independiente Cho Eun-suk había solicitado la pena de muerte. El pedido se basó en la acusación de orquestar una insurrección mediante la declaración de una ley marcial ilegal e inconstitucional sin contexto de guerra ni emergencia nacional. La fiscalía también expuso que la medida incluyó movilización de fuerzas de seguridad bajo esa normativa excepcional.
La investigación determinó que el ex presidente movilizó tropas y policías para obstaculizar la resolución parlamentaria que buscaba levantar la ley marcial. Además, se lo acusó de intentar detener a figuras políticas relevantes, entre ellas líderes de partidos y autoridades del Parlamento. El proceso judicial se desarrolló en Seúl, capital de Corea del Sur, con seguimiento público permanente.
