El Ministerio de Ambiente de Uruguay generó un importante debate al proponer la creación de un nuevo impuesto. La iniciativa, incluida en el proyecto de Presupuesto del gobierno, busca gravar con el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los productos fitosanitarios, también conocidos como plaguicidas o agroquímicos, que contengan “sustancias activas de alta peligrosidad”. Según el ministro Edgardo Ortuño, esta medida no busca ser un sobrecosto, sino una “fortaleza” que incentivará la producción sostenible.
El objetivo principal es desestimular el uso de plaguicidas altamente contaminantes. Ortuño explicó que el impuesto no afectará a todos los plaguicidas, sino solo a aquellos clasificados como “altamente contaminantes” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ministro argumentó que esta política permitirá a Uruguay responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales, especialmente de Europa, que demandan una trazabilidad de sostenibilidad en los productos.
Además, Ortuño reveló que ya se produjeron “rechazos” a la producción nacional por contener plaguicidas, lo que refuerza la necesidad de esta medida. Confiando en el avance del sector, el ministro destacó que una parte del sector productivo, como el arrocero, ya dejó de utilizar este tipo de sustancias, lo que demuestra la viabilidad de la propuesta.
La oposición cuestiona el impuesto a los agroquímicos
La propuesta del gobierno encontró una fuerte resistencia en la oposición. Desde el Partido Nacional, la visión es que el impuesto tiene un fin puramente recaudatorio y alertan sobre un posible aumento de costos que encarecería los productos finales. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, afirmó que “los impuestos están para otra cosa, no son un instrumento de política ambiental”.
El diputado Sebastián Andújar, también del Partido Nacional, señaló que, a nivel global, los países desarrollados prefieren aplicar subsidios en lugar de impuestos para fomentar políticas más sostenibles. Esta crítica subraya una diferencia de enfoque en la estrategia para promover prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente.
Por su parte, el diputado colorado Walter Cervini expresó su preocupación de que lo recaudado no esté destinado específicamente a un fondo ambiental, como el Fondo Nacional de Medio Ambiente o el Fondo de la Granja. Esto, según Cervini, pone en duda el verdadero propósito de la medida y la considera un nuevo impuesto que afectará directamente a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios.
Detalles del proyecto y su aplicación
El artículo 468 del proyecto de Presupuesto, que agrega el numeral 20 al Título 11 del Texto Ordenado de 2023, detalla que el IMESI se aplicará a las sustancias activas de alta peligrosidad que estén en las Categorías 1a o 1b de la clasificación toxicológica de la OMS. Estas categorías corresponden a productos considerados “sumamente peligroso” y “muy peligroso” para la salud, respectivamente.
El impuesto se determinará con un monto fijo por litro o kilo de sustancia activa, con un valor máximo de 25 unidades indexadas ($160). El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de fijar montos diferenciales según la peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
El texto del proyecto también aclara que se exceptuará del pago del impuesto a las sustancias activas que se usen como materia prima en productos fabricados en el país. En este caso, el productor nacional pagará el tributo en la primera venta de los productos, a menos que ya haya adquirido la sustancia activa en el mercado interno.
Tasa para cazadores también genera controversia
Otro punto de discusión en el proyecto de Presupuesto es la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo para crear un registro nacional de cazadores a cargo del Ministerio de Ambiente. Para inscribirse en este registro, los cazadores deberán pagar una tasa, cuyos detalles aún están pendientes de reglamentación.
La tasa podrá oscilar entre un mínimo de 1 UR ($1.836) y un máximo de 100 UR ($183.600), dependiendo de la especie a cazar, el número de ejemplares y la duración del registro. El Poder Ejecutivo podrá exonerar del pago en los casos de caza de especies declaradas plagas.
La oposición criticó que se le dieran demasiadas potestades al Poder Ejecutivo y señaló que la redacción actual del artículo podría interpretarse como una nueva tasa que se suma a los permisos ya existentes. Sin embargo, el ministerio se comprometió a enviar una nueva redacción para aclarar que el nuevo registro sustituirá el régimen actual.
