El Gobierno argentino presenta este miércoles su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el marco de la causa YPF. Los abogados de la Procuración del Tesoro expusieron los argumentos con los que el país busca revertir la sentencia de la jueza federal Loretta Preska, quien en 2023 ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares a los fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012.
La audiencia comenzará al mediodía y contará con la participación de las tres autoridades judiciales que deberán decidir el futuro del caso: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Durante la sesión, las partes tendrán unos 30 minutos cada una para exponer sus alegatos. En primer lugar lo hará la defensa argentina, seguida por los abogados de Burford Capital, el fondo litigante, y finalmente los representantes de YPF.
La apelación constituye una de las últimas instancias legales disponibles para el Estado argentino antes de que el fallo quede firme. El equipo de abogados, encabezado por Santiago Castro Videla, centró su estrategia en demostrar que la decisión de Preska violó principios básicos del derecho internacional y del propio sistema legal estadounidense.
Los principales argumentos de Argentina sobre YPF
Entre los principales argumentos, la Procuración del Tesoro sostiene que el fallo incurrió en una “violación de la inmunidad soberana”, al intentar ejecutar bienes de un Estado fuera del territorio estadounidense. En ese sentido, remarcaron que la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), sancionada por el Congreso norteamericano en 1976, solo permite embargos sobre activos localizados dentro de Estados Unidos.
Otro de los puntos cuestionados por la defensa argentina fue la “interpretación errónea del derecho de Nueva York”. Los abogados afirmaron que la jueza aplicó de manera incorrecta la norma conocida como turnover, que no puede obligar a un país soberano a transferir activos desde su propio territorio. Además, argumentaron la “inaplicabilidad de la FSIA al caso”, dado que las acciones de YPF nunca estuvieron en Estados Unidos ni se utilizaron en ninguna actividad comercial relacionada con el reclamo.
El escrito también destacó la “violación del derecho argentino e internacional”. Según la defensa, la orden judicial impone al Estado argentino incumplir su legislación vigente, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de acciones de YPF. Además, remarcaron que la decisión de Preska contradice el principio de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado (act-of-state doctrine), considerados pilares en las relaciones entre países soberanos.
Un repaso del caso
El caso YPF se originó tras la expropiación de la compañía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital adquirió los derechos de litigio de dos empresas que habían participado en la privatización de la petrolera y demandaron a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra de acciones minoritarias tras la estatización.
El fallo de Preska en 2023 representó un duro golpe para las finanzas argentinas, ya que el monto establecido equivale a casi un tercio de las reservas internacionales del Banco Central. Ahora, la decisión final quedará en manos de la Corte de Apelaciones, que podría tardar varios meses en emitir un veredicto.
