El Gobierno nacional formalizó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La presentación legal persigue la suspensión inmediata del proceso de “discovery” previo a la resolución de la apelación de la sentencia de US$ 16.000 millones.
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos. El requerimiento alcanza también a la aplicación de sanciones y a la audiencia probatoria programada entre el 21 y el 23 de abril de 2026. El éxito de esta moción supeditaría estas instancias al fallo definitivo del tribunal sobre la apelación de fondo.
Argumentos de la defensa y soberanía jurídica
La defensa argentina fundamentó su pedido en la necesidad de revertir la decisión apelada por errores en el proceso previo. «En el escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens», indicó el organismo oficial.
El país advirtió además que «la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable» para los intereses nacionales. Según el texto legal, esta instancia judicial afecta la estabilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras externas de la República. El Estado reafirma así su postura de defensa de los activos públicos frente a las demandas internacionales.
Cumplimiento de órdenes y respaldo diplomático
Respecto al comportamiento procesal, la Procuración del Tesoro remarcó la cooperación de la Argentina en las etapas previas del juicio. «La Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas», señalaron.
A finales de febrero, el gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la posición argentina y pidió evitar la declaración de desacato. El Departamento de Justicia estadounidense solicitó además su participación en la audiencia del 16 de abril. Ese encuentro abordará la apelación de la orden de entrega del 51 % de las acciones de la petrolera estatal.
La estrategia jurídica nacional busca resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y los principios del derecho internacional público. La República sostiene que las acciones y recursos jurídicos previstos en el ordenamiento vigente son la vía para la protección de la soberanía. El comunicado concluyó con la ratificación del ejercicio de todas las herramientas legales disponibles.
La resolución de esta moción de emergencia definirá el cronograma judicial de los próximos meses en los tribunales de Nueva York. Una respuesta favorable permitiría a los abogados argentinos concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la apelación contra la sentencia millonaria inicial. La expectativa gira ahora en torno a la decisión de la Cámara de Apelaciones ante el planteo de la Procuración.
El proceso de “discovery” representa una carga administrativa y documental de gran magnitud para el Estado nacional en territorio extranjero. La interrupción de este procedimiento evitaría la entrega de información sensible mientras el tribunal resuelve la cuestión central del litigio. La Argentina mantiene su compromiso con la defensa de la petrolera bajo control estatal en los foros internacionales.
