El Tribunal Superior Electoral juzga al líder de ultraderecha por los ataques dirigidos al sistema de votación electrónica durante una reunión con embajadores en julio de 2022.
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quedó contra la pared. Fue luego de la primera audiencia de un juicio en el que se lo acusa de abuso de poder político durante la campaña para las elecciones de 2022, ganadas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) juzga a Bolsonaro por los ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica. Esto fue durante una reunión con embajadores, que se dio en julio de 2022.
La defensa del expresidente plantea que el encuentro no tuvo un vínculo con las elecciones, ya que fue antes del inicio formal de la campaña para los comicios de octubre. Después de tres horas de sesión, la corte integrada por siete jueces suspendió el juicio hasta este martes. El líder de ultraderecha quedaría inhabilitado políticamente durante ocho años.
La postura de la defensa
El eje de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la presidencia el 18 de julio de 2022. Fue para descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia, y que incluso ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.
El abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, sostuvo que en ese evento, al que calificó de “franciscano” e “institucional”, el líder de la ultraderecha no hizo más que “expresar sus opiniones sobre el sistema electoral brasileño”.
Vieira consideró que Bolsonaro solo manifestó sus “dudas” sobre las urnas electrónicas que Brasil usa desde 1996, pese a que desde entonces no se registra una sola denuncia de fraude, y que lo hizo en “pleno ejercicio de su libertad de expresión”.
Según el letrado, si eso constituyó una “propaganda anticipada”, ya que la campaña aún no empezaba, o si hubo “un uso indebido de edificios y medios públicos”, Bolsonaro debería ser multado y no despojado de sus derechos políticos.
El Ministerio Público exige una condena
Sin embargo, el representante del Ministerio Público, Paulo Gonet Branco, dijo que no caben dudas de que esa reunión “fue convocada para que la comunidad internacional y toda la sociedad brasileña fueran expuestos a alegaciones erróneas y a una manipulación que podría corroer el pleito electoral”.
En opinión de Gonet Branco, el objetivo del encuentro no fue otro que intentar “perturbar la normalidad institucional del sistema democrático”.
La gravedad de esos hechos, agregó Gonet Branco, “se puso en evidencia” con un movimiento que, luego de la victoria electoral de Lula, se lanzó a las calles para desconocer los resultados y exigir a las fuerzas armadas un golpe militar para impedir su toma de posesión.
Se trata de un movimiento que, según el abogado Walber Agra, que representa a la acusación, desembocó en el asalto a los tres poderes de la nación ocurrido el pasado ocho de enero, ocho días después de la investidura de Lula, a quien la ultraderecha intentó derroca.
Con información de Página12
