Estados Unidos siguió de cerca el proyecto argentino que busca endurecer las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales en Malvinas, aunque dejó en claro que no intervendrá en el debate parlamentario. Durante una conferencia en el Palacio San Martín, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, sostuvo que Washington observa con atención el alcance de la iniciativa, mientras el Gobierno nacional ratifica su decisión de impulsar el tratamiento de la ley en el Congreso.
El funcionario norteamericano evitó cuestionar el proyecto y remarcó que la definición corresponde exclusivamente a la Argentina. “Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, afirmó. Luego reforzó esa postura al señalar que “respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.
Las declaraciones llegaron después de que la Casa Rosada reconociera contactos con Washington para analizar el impacto que las sanciones podrían tener sobre empresas y fondos de inversión estadounidenses. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que las observaciones recibidas no constituyen una exigencia formal para retirar o modificar la iniciativa.
Malvinas, inversiones y una ley bajo la lupa
La discusión se concentra en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las herramientas del Estado para actuar contra compañías que financien, faciliten o desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina.
La propuesta incorpora multas, inhabilitaciones, restricciones comerciales y mecanismos para que las empresas abandonen inversiones vinculadas con actividades que el país considera ilegítimas, especialmente en el sector hidrocarburífero del Atlántico Sur.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno defendió la reforma al sostener que la legislación vigente resulta insuficiente para resguardar los intereses argentinos. Además, aseguró que el nuevo esquema “no va en contra de nadie en particular” y planteó que las compañías deberán evaluar si mantienen operaciones en las islas o direccionan inversiones hacia el territorio continental argentino.
El funcionario insistió en que “la causa Malvinas es innegociable para la Argentina” y ratificó que el Gobierno continuará utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para sostener el reclamo de soberanía.
El debate que excede al Congreso
La iniciativa ingresó al Congreso el 17 de septiembre de 2026, pero todavía enfrenta diferencias con bloques aliados por capítulos vinculados con seguridad nacional, defensa e inteligencia. Mientras continúan las negociaciones políticas, el oficialismo postergó su tratamiento en comisiones.
En paralelo, la cuestión Malvinas también apareció en otro frente diplomático. Landau aseguró que la propuesta impulsada por la administración de Donald Trump para reformar organismos de Naciones Unidas y eliminar algunos comités no implica un posicionamiento específico sobre el reclamo argentino por las islas.
“Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, expresó el funcionario estadounidense.
Quirno respondió que el Comité Especial de Descolonización constituye un ámbito relevante para la posición argentina, aunque aclaró que la validez del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo. Según señaló, las resoluciones internacionales que respaldan la postura del país seguirán vigentes independientemente de eventuales cambios institucionales.
Seguridad, ciberdefensa y agenda bilateral
La visita de Landau también dejó anuncios concretos de cooperación entre ambos países. Quirno informó que Estados Unidos aprobó trece millones de dólares para programas de lucha contra el narcotráfico, de los cuales 7,5 millones de dólares se destinarán a proyectos en la Argentina.
Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó un acuerdo de protección de la infancia que contempla asistencia de hasta diez millones de dólares para combatir la trata de menores. A eso se suma un aporte no reembolsable de quince millones de dólares para la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad y la evaluación de la red troncal de Internet de Arsat.
La agenda bilateral incluyó también conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial entre ambos países y el avance de las negociaciones para que la Argentina pueda incorporarse al programa estadounidense de exención de visas. Según confirmó el canciller, las conversaciones continúan abiertas y forman parte de una agenda que ambos gobiernos buscan profundizar en los próximos meses.
