El Reino Unido respondió al reclamo de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas durante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificó su posición sobre el archipiélago. Londres sostuvo que no habrá negociaciones sobre soberanía sin el consentimiento de los habitantes de las islas y volvió a defender el principio de autodeterminación que utiliza como fundamento de su postura.
La respuesta se produjo después de que Milei calificara a Malvinas como una “causa nacional” y reclamara ante la ONU que el Reino Unido retome las negociaciones por la soberanía. El Presidente también cuestionó al organismo internacional por la falta de avances en la disputa y planteó la necesidad de reanudar el diálogo bilateral.
En su posición, Londres afirmó que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes. También sostuvo que los isleños tienen derecho a determinar su estatus político y a desarrollar su vida económica, social y cultural, una postura que el Gobierno británico mantiene en distintos pronunciamientos oficiales.
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambos gobiernos está relacionado con la aplicación del principio de autodeterminación. Mientras el Reino Unido considera que ese derecho corresponde a los habitantes de las islas, la Argentina sostiene que no resulta aplicable al caso Malvinas y encuadra la disputa como una cuestión de soberanía entre ambos Estados.
Londres volvió a mencionar además el referéndum realizado en las islas en 2013, en el que, según los datos británicos, el 99,8% de los votantes se pronunció por mantener el actual estatus del territorio. El Reino Unido utiliza ese resultado como parte de su argumento para sostener que cualquier discusión sobre el futuro político del archipiélago debe contemplar la voluntad de sus habitantes.
La Argentina, en cambio, basa su reclamo en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a ambos gobiernos a buscar una solución mediante negociaciones. La Resolución 2065, aprobada en 1965, reconoció el carácter particular de la cuestión Malvinas y estableció que la controversia debía resolverse entre la Argentina y el Reino Unido.
Otro punto de la respuesta británica estuvo relacionado con la explotación de recursos naturales en el área. El Gobierno del Reino Unido sostiene que las actividades vinculadas con hidrocarburos constituyen actividades comerciales legítimas reguladas por las autoridades de las islas y afirma que respalda el derecho de los isleños a desarrollar esos recursos para su beneficio económico.
En ese marco, Londres cuestionó las medidas argentinas dirigidas contra empresas que participan de actividades económicas vinculadas con las islas y sostuvo que la legislación argentina no tiene aplicación en el archipiélago. La Cancillería argentina, por su parte, había presentado el 22 de septiembre una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, mientras que el Gobierno nacional impulsa nuevas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía.
