El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció, en un informe sobre Israel,o varias formas de “castigo colectivo contra la población civil” en los Territorios Palestinos Ocupados, y subrayó que en controles de seguridad israelíes fueron frecuentes “el tratamiento degradante y la violencia física”.
El comité, que analizó los días 11 y 12 de diciembre el cumplimiento por parte de Israel de la Convención Internacional contra la Tortura, sostuvo que este Estado aplica de facto una “política organizada y extendida” de tortura y maltrato de detenidos, intensificada especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
Además, la Comisión Internacional Independiente de la ONU para Palestina indicó en septiembre que estas prácticas podrían ser consideradas crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y parte de acciones delictivas que definen el genocidio.
Larga lista de torturas denunciadas
El informe incluye una larga lista de torturas denunciadas, incluidas palizas, ataques con perros, electrocución de los genitales y otras partes del cuerpo, simulación de ahogamiento, uso de música y ruidos a alto volumen, colocación del reo en posiciones prolongadas que a veces resultaron en la amputación de miembros y distintos tipos de violencia sexual.
Sobre el “maltrato en masa” sufrido por la población gazatí en su conjunto debido a meses de bloqueo, el comité exige la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria necesaria en los territorios palestinos, así como trabajadores y organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
El documento expuso que Israel ejerce castigo colectivo mediante detenciones arbitrarias en masa, incluyendo las de ancianos, personas con discapacidades y enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños y otras poblaciones vulnerables.
Al menos 75 palestinos muertos bajo custodia
El informe denuncia también que al menos 75 palestinos han muerto bajo custodia desde el inicio del conflicto en 2023, un periodo que ha coincidido con un marcado deterioro de las condiciones en los centros de detención, donde un 85 % de las personas privadas de libertad no tienen cargos en su contra o están en régimen de prisión preventiva.
En algunas de estas muertes bajo custodia, las autopsias han indicado signos de tortura y maltrato, incluyendo malnutrición y denegación de asistencia médica, aunque no en todos los casos los familiares han logrado la presencia de médicos independientes durante esos exámenes post mortem.
El comité evidenció por otro lado que desde el comienzo del conflicto Israel ha negado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a detenidos, en violación de la ley humanitaria internacional. Inclusive, concluyó que Israel “debe garantizar que un organismo independiente investigue de manera inmediata, exhaustiva e imparcial todas las violaciones de derechos humanos u otras infracciones cometidas en el contexto de la ocupación y del conflicto armado en Gaza, que en conjunto puedan constituir tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”.
A este respecto, el grupo de expertos teme que los abusos de Israel se estén cometiendo en un clima de relativa impunidad, ya que este Estado ha defendido que sus obligaciones con la convención, que ratificó en 1991, no se aplican en los territorios palestinos o en tiempos de guerra.
Además, la investigación de muchas denuncias se retrasa en un sistema de supervisión fragmentado que provoca ineficiencias y confusión sobre jurisdicciones y competencias, lamenta el comité.
