El Ministerio Público de Paraguay ordenó la captura de Santiago Peña Palacios, quien fue destituido de la Presidencia de la República, en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank. La medida responde a una causa que investiga la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles. La disposición lleva las firmas de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.
El equipo remitió la orden a la Comandancia de la Policía Nacional para que ejecute la captura. La medida se suma a la denuncia que un grupo de legisladores presentó el jueves 5, como ampliación de otra radicada el 22 de octubre de 2025, en la que señalaron nuevos hechos relacionados con los presuntos vínculos económicos de Peña y su entorno con el grupo Ueno.
Entre los antecedentes mencionados figura que, en 2023, el entonces mandatario declaró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones, que vendió en abril de 2025, además de un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti. La presentación también menciona que su hermano figura como socio de U Holding Sarl, firma a través de la cual el grupo controlaría Ueno.
Los legisladores cuestionaron, además, la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay, en particular de su titular, Carlos Carvallo, porque, según la denuncia, conocían desde abril de 2026 los problemas de la entidad y no aplicaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis.
Otro punto bajo análisis es la colocación de fondos públicos en Ueno por parte del Instituto de Previsión Social, Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Economía, entre otros organismos. Los denunciantes solicitaron determinar si el Estado resultó perjudicado o si existió connivencia en esas operaciones.
También advirtieron que, tras la intervención del Banco Central y el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, los depósitos estatales que superan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, establecida en G. 228,3 millones por depositante, quedaron sujetos al resultado del balance de exclusión.
