La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la mayoría de los aranceles globales que Donald Trump había impuesto el año pasado. Fue al considerar que el Presidente se excedió en su autoridad al invocar una ley federal de poderes de emergencia para gravar importaciones de más de 100 países, con el objetivo declarado de reducir el déficit comercial e impulsar la manufactura local.
Con una votación de 6 a 3, el tribunal sostuvo que el mandatario no contaba con una autorización clara del Congreso para aplicar aranceles “recíprocos” de alcance ilimitado. La decisión representa el mayor revés legal para Trump desde su regreso a la Casa Blanca y golpea uno de los pilares de su política económica.
“El presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en la opinión mayoritaria.
Y agregó: “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”.
A la mayoría se sumaron dos jueces designados por el propio Trump, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, junto a las magistradas progresistas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. En disidencia votaron Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito.
Impacto económico y posibles reembolsos
La Casa Blanca había anticipado que, ante un fallo adverso, buscaría reemplazar los aranceles mediante otras herramientas legales, aunque más limitadas o engorrosas. Esta mañana, al conocer la decisión durante un desayuno con gobernadores, Trump calificó el fallo como una “desgracia” y aseguró que cuenta con un “plan B”, según la prensa norteamericana.
La administración republicana había convertido los aranceles en una piedra angular de su estrategia económica. Primero los aplicó a China, Canadá y México. Luego los extendió a casi todos los socios comerciales bajo una tarifa básica universal del 10%, que también alcanzó a la Argentina. Más tarde, incluso amenazó con gravámenes de hasta el 25% para países que comerciaran con Irán.
El fallo abre ahora un escenario incierto. Los jueces no resolvieron si los importadores tienen derecho a reembolsos, y dejaron esa cuestión en manos de un tribunal inferior. Si se autorizaran en su totalidad, los reintegros podrían ascender a 170.000 millones de dólares, más de la mitad de lo recaudado por estos gravámenes.
El juez Kavanaugh advirtió que el proceso de devolución “probablemente será un desastre”, según quedó reflejado en los argumentos orales.
Hasta el 14 de diciembre, el Gobierno había recaudado casi 134.000 millones de dólares bajo la facultad ahora declarada inválida. Los aranceles afectaban billones de dólares en comercio internacional y habían generado demandas de varios estados y empresas, que acusaron al presidente de invadir la potestad constitucional del Congreso para imponer impuestos.
Las compañías importadoras argumentaron que los gravámenes alteraron sus operaciones, elevaron precios y forzaron recortes de personal.
La decisión marca un punto de inflexión. En los últimos años, el máximo tribunal había otorgado varias victorias temporales al presidente. Esta vez, sin embargo, fijó un límite claro al uso de poderes de emergencia para rediseñar la política comercial de Estados Unidos y reconfiguró el tablero económico global.
