El gobierno de Donald Trump anunció la suspensión de los trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Cuba, Colombia, Rusia e Irán. La decisión fue confirmada este miércoles por el Departamento de Estado y comenzará a regir a partir del próximo 21 de enero, con carácter indefinido.
Según informaron fuentes oficiales, la medida apunta exclusivamente a los visados de inmigración, es decir, aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos. En tanto, los visados de no inmigrante —como los de turismo, estudios, negocios o trabajos temporales— no se verán afectados por la suspensión.
El Departamento de Estado explicó que la decisión responde a una revisión de los procedimientos de verificación, al considerar que ciudadanos de esos países reciben “prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”. La lista de naciones afectadas fue difundida por Fox News e incluye a varios países de América Latina, África, Medio Oriente y Asia.
En el caso de Sudamérica, los países alcanzados por la medida son Brasil, Colombia y Uruguay, todos con gobiernos de orientación progresista. También figuran Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y otros como Afganistán, Egipto, Irán, Nigeria, Rusia, Somalia y Yemen.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que el objetivo central es evitar el ingreso de personas que puedan depender de la asistencia social estadounidense. En esa línea, en noviembre pasado la administración Trump ya había instruido a los consulados a rechazar solicitudes de visa basándose en factores como edad, salud, dominio del idioma inglés o situación financiera.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respaldó la decisión y recordó que Trump mantiene una postura dura contra determinados flujos migratorios. En ese contexto, el Departamento de Estado informó que ya fueron revocadas más de 100.000 visas desde el regreso del exmandatario, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que más de 605.000 personas fueron deportadas y otras 2,5 millones abandonaron el país de forma voluntaria.
