El juicio por la expropiación de YPF sumó un capítulo de alto impacto luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska ordenara la entrega de correos electrónicos y chats de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Entre los alcanzados por la medida aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa y otros miembros de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La petición judicial, promovida por los fondos Burford Capital y Eton Park, busca evidencia para demostrar que organismos como YPF, el Banco Central, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” de la República Argentina. Si logran probar esa conexión, podría ejecutarse un embargo sobre activos del Estado para cobrar la indemnización de US$16.100 millones que dictó la primera sentencia contra el país.
Qué dijo la Procuración del Tesoro sobre el pedido de Preska
El descubrimiento de pruebas (“discovery”) se centra en mensajes que puedan mostrar acciones coordinadas o falta de independencia operativa entre el Estado y las empresas. Para la Procuración del Tesoro, el pedido representa un “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de negociación mediante solicitudes inéditas.
“La medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, señalaron en un comunicado. Según el organismo, “la República ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos”.
El rechazo del Gobierno argentino fue acompañado por el anuncio de que apelarán la decisión, calificando la orden como “sin precedentes”. Además, advirtieron que los beneficiarios del fallo utilizan el proceso para dificultar la defensa de Argentina e incrementar la presión sobre los activos del país.
Cómo seguirá el juicio por YPF
La jueza Preska fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto, donde se abordarán las formas y plazos para entregar la información requerida. En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito debe analizar la validez de la sentencia contra Argentina en la semana del 27 de octubre, instancia clave para la resolución del litigio y los eventuales embargos.
El avance de este proceso mantiene en vilo al Estado argentino, que defiende la independencia de sus organismos y alerta sobre el impacto que tendría la ejecución de los embargos en su economía y soberanía.
