La jueza federal María Verónica Skanata ordenó este jueves el arresto domiciliario de los 17 policías y expolicías imputados por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008. La medida no implica todavía una definición sobre la responsabilidad penal de los acusados, ya que la investigación sigue en curso y el Juzgado deberá evaluar la situación procesal de cada uno una vez concluidas las declaraciones.
La Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez, evalúa los alcances de la resolución y analiza si apelará el otorgamiento de los arrestos domiciliarios. La semana había comenzado con la detención de 16 de los imputados, mientras que Alfredo Lorenzo Ortiz se presentó de manera espontánea y quedó también a disposición de la Justicia.
Según la acusación, los detenidos habrían participado en distintos niveles de un presunto plan vinculado con la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición de Golemba, quien tenía 27 años al momento de ser visto por última vez. Entre los investigados figura el excomisario Ewaldo Katz, jefe de la Comisaría de Dos de Mayo en aquel entonces, que se abstuvo de declarar en su indagatoria.
La hipótesis de la Fiscalía y el “pacto de silencio”
La investigación sostiene que tras la desaparición se habría desplegado un “pacto de silencio institucional” para ocultar lo sucedido. Esa maniobra habría incluido omisiones en registros, versiones coincidentes entre funcionarios y desvíos en las líneas de pesquisa.
Golemba desapareció el 27 de marzo de 2008 luego de viajar desde Picada Indumar, Dos de Mayo, hasta Oberá para una consulta médica, sin embargo, nunca regresó a su casa. La causa, inicialmente en la Justicia provincial, pasó años después al fuero federal, donde se consolidó la hipótesis de desaparición forzada. Testimonios lo ubicaron detenido y golpeado dentro de la comisaría de Dos de Mayo, lo que permitió avanzar sobre quienes cumplían funciones en esa dependencia.
La Fiscalía considera que los sospechosos habrían tenido roles diferentes dentro de un mismo plan y que luego se habría ejecutado una maniobra conjunta para ocultar el destino del joven. El proceso judicial continuará con la evaluación de las declaraciones y la definición de la situación procesal de cada imputado.
