En un procedimiento ordenado por la Justicia y respaldado por una investigación de la propia fuerza, la Policía de Misiones detuvo este miércoles a dos suboficiales acusados de cometer graves irregularidades en la sección de Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú. Ambos efectivos fueron inmediatamente apartados de la institución.
Las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia formal presentada por un hombre que permaneció alojado en ese sector de detención. El denunciante expuso haber sido víctima de malos tratos y detalló diversas maniobras ilícitas vinculadas al funcionamiento interno de la dependencia.
Frente a la gravedad de lo expuesto, la Jefatura de Policía ordenó la rápida intervención de la Dirección de Asuntos Internos. Tras recolectar los primeros elementos probatorios, la fuerza puso las evidencias a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú e inició en paralelo el expediente administrativo correspondiente.
Allanamientos, detenciones y secuestros
Con las evidencias incorporadas, la Justicia dispuso una serie de allanamientos y medidas cautelares en una causa en la que se investigan los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.
En las primeras horas de este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 7:00, las autoridades hicieron efectivas las órdenes judiciales. En los operativos resultaron detenidos el sargento Rafael A., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda, y el agente Rodrigo A., integrante del Comando Radioeléctrico de Puerto Iguazú. Durante los procedimientos también se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de ambos imputados para ser sometidos a peritajes.
Los dos suboficiales quedaron alojados a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las diligencias judiciales y administrativas para establecer la totalidad del alcance de las maniobras y verificar si existen otros integrantes de la fuerza involucrados.
Desde la Jefatura de Policía ratificaron la vigencia del criterio de tolerancia cero frente a conductas incompatibles con la función pública, asegurando que se investigará con el mismo rigor a todo el personal que se aparte de los deberes legales.
