El tesorero de la comisión de padres de la Epet 34 de Posadas fue detenido en las últimas horas, acusado de utilizar para gastos personales los fondos recaudados para solventar los trajes y otros elementos de los alumnos que participan de la Estudiantina.
La denuncia fue presentada por la integrante de la comisión, Yolanda, y apunta contra Héctor B. (37) como responsable de haber realizado erogaciones particulares con dinero que debía permanecer bajo resguardo exclusivo para el evento. Según consta en la presentación judicial, el monto total desviado asciende a $5.769.757.
La detención fue efectivizada por la Policía de Misiones tras la orden librada por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Posadas, en el marco de la causa caratulada como presunta estafa.

Fondos bancarizados y maniobras para tapar la deuda
Según explicaron los tutores, la comisión había habilitado una cuenta bancaria destinada al ingreso y egreso del dinero para la confección de trajes, tocados y sombreros. Sin embargo, al momento de realizar los pagos a los modistas y proveedores, advirtieron el faltante de los recursos.
“Tuvimos que enfrentarnos a una importante estafa de quien estaba a cargo de salvaguardar el dinero de nuestros hijos”, expresaron desde el grupo de padres damnificados.
Ante la imposibilidad de reponer los saldos en los plazos previstos, el propio acusado habría entregado su vehículo particular en una concesionaria para intentar obtener liquidez, saldar parte de lo adeudado y lograr que los confeccionistas entregaran las vestimentas a los jóvenes.
Avanza la investigación judicial
Asimismo, las acciones legales iniciadas por los tutores alcanzaron a la anterior presidenta de la entidad, Dorila G., a quien acusaron en el expediente por un presunto encubrimiento de la maniobra, aspecto que deberá ser determinado durante la instrucción de la causa.
Los padres aclararon que decidieron mantener el hecho en reserva hasta la concreción de la primera noche de calle, con el objetivo de preservar la contención emocional de los estudiantes menores de edad.
Tras la aprehensión del sospechoso, el Juzgado avanza en el peritaje de los movimientos de la cuenta bancaria y en la reconstrucción de los saldos para determinar las responsabilidades penales e intentar resolver las obligaciones económicas pendientes del colegio.

