La diputada nacional por Misiones del bloque Argentina Federal, Yamila Ruiz, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 24.467 para garantizar el acceso de las cooperativas al régimen MiPyME y simplificar el proceso de obtención del certificado correspondiente. La iniciativa plantea que la condición MiPyME se determine a partir de las características propias de cada cooperativa, sin exigir que sus asociados acrediten individualmente esa condición.
Según indicó la legisladora, el proyecto no surgió detrás de un escritorio, sino de reuniones con cooperativas y distintos sectores productivos de Misiones.
Uno de esos encuentros se produjo a partir de una invitación del ministro de Acción Cooperativa de Misiones, Matías Vilches. Allí participó de una reunión con cooperativas eléctricas de distintos puntos de la provincia, donde las entidades expusieron sus necesidades y dificultades. De ese intercambio surgió una problemática puntual vinculada al acceso al Certificado MiPyME que luego se transformó en el eje de su proyecto de ley.
El trabajo territorial continuó con reuniones con cooperativas vinculadas a la producción de mandioca y con representantes del Cluster de la Mandioca Misionera. En esos encuentros, la legisladora volvió a encontrarse con una problemática similar. Así, a partir de escuchar a los actores en territorio, analizar sus planteos y buscar una respuesta legislativa, la propuesta fue tomando forma hasta llegar al Congreso.
Una exigencia que puede afectar a toda la cooperativa
El eje del proyecto está puesto en una modificación de las condiciones para acceder al régimen. La normativa vigente establece requisitos relacionados con los integrantes de las formas asociativas para acceder a los beneficios del régimen MiPyME. La iniciativa de Ruiz propone eliminar la exigencia de acreditación individual de la condición MiPyME de los asociados de las cooperativas.
El problema señalado por la legisladora es que las cooperativas pueden reunir una composición muy diversa. Entre sus asociados pueden encontrarse personas físicas, empresas, asociaciones y también instituciones educativas, como las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA).
El proyecto menciona específicamente esta situación. Señala que las EFA pueden participar como asociadas de cooperativas y que, al no poder obtener un Certificado MiPyME por su propia naturaleza, su participación podría terminar impidiendo que la cooperativa obtenga o renueve su certificación.
El mismo planteo puede presentarse cuando una cooperativa reúne a una gran cantidad de pequeños productores, comerciantes u otros integrantes que no necesariamente cuentan con una categorización MiPyME individual.
Por eso, la iniciativa busca que la situación de cada asociado no determine el acceso de toda la entidad al régimen. El texto establece expresamente que no podrá exigirse la presentación de los certificados individuales de los asociados como condición para la inscripción de la cooperativa en el Registro de Empresas MiPyME o para la emisión de su certificado.
Del territorio al Congreso
Para Ruiz, el planteo tiene una incidencia concreta sobre el funcionamiento cotidiano de las cooperativas. El proyecto sostiene que contar con el Certificado MiPyME permite acceder a distintas herramientas financieras, tributarias y administrativas, entre ellas el diferimiento del pago del IVA, el cómputo del Impuesto al Cheque como pago a cuenta, condiciones diferenciadas en contribuciones patronales, acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales y mejores condiciones en planes de pago ante ARCA.
De esta manera, la iniciativa refleja una metodología de trabajo que la legisladora viene desarrollando desde Misiones: recorrer, reunirse con distintos sectores, escuchar sus necesidades, analizar las problemáticas y convertir esos planteos en propuestas legislativas.
En este caso, una demanda surgida de encuentros con cooperativas misioneras terminó convertida en un proyecto de alcance nacional. La propuesta busca que las cooperativas puedan acceder al régimen MiPyME por sus propias características económicas y productivas, sin quedar condicionadas por la situación individual de cada uno de sus asociados.
El proyecto también establece un plazo de 60 días para que, una vez aprobada la ley, la autoridad de aplicación y ARCA adecuen las plataformas digitales, el servicio PYMES F.1272 y los requisitos del Registro de Empresas MiPyME.
La presentación recibió además el reconocimiento de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), que destacó la iniciativa y solicitó una reunión con Ruiz para intercambiar propuestas sobre el proyecto y acercarle otros puntos de su agenda legislativa.
Así, el recorrido territorial vuelve a convertirse en el punto de partida de una iniciativa que ahora busca una respuesta en el Congreso de la Nación.
