Este viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un giro y dictó una medida cautelar interina que suspendió la derogación de la Ley de Tierras. De esta forma, restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.
Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del Cecim y buscan “que se precise” si el fallo produce algún efecto sobre su expediente.
En los últimos días, la Corte aceleró el proceso para emitir el fallo en tiempo récord. Primero, convocaron a conjueces para integrar una mayoría, ya que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz no estaban de acuerdo de manera unánime con la decisión. Resultaron sorteados Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.
Luego, el máximo tribunal redujo el plazo para recusarlos a 24 horas, cuando este trámite dura habitualmente 72 horas.
La defensa del territorio misionero
Cabe recordar que, hace una semana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado, Fidel Duarte, a iniciar las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026, que habilita a la Fiscalía a actuar “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, expresó Passalacqua.
El decreto establece que las acciones deberán buscar hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados por la derogación de la Ley 26.737.
Los fundamentos de Misiones
Passalacqua vinculó la decisión con las características territoriales de Misiones y su condición de provincia fronteriza. “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo el gobernador, quien definió el cuidado de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”.
El Decreto N.º 1935 señala que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. En sus fundamentos, el Gobierno provincial sostiene que la vigencia de ese artículo impacta sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de Misiones, además de mencionar el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal.
Con este decreto, Misiones formalizó su decisión de llevar adelante las acciones judiciales que considere correspondientes para defender sus intereses frente al nuevo escenario. El artículo 1° instruye específicamente al Fiscal de Estado a ejercer la representación legal de la provincia y promover las acciones y defensas necesarias ante los posibles efectos de la derogación de la Ley 26.737.
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