La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, reclamó este miércoles la prórroga de la emergencia en discapacidad y pidió que la normativa tenga una implementación efectiva. Lo hizo durante la reunión de la comisión que analiza la continuidad de la medida, donde también estuvieron los diputados nacionales por Misiones Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, y Yamila Ruiz, integrante del mismo espacio.
Antúnez planteó que el debate adquiere mayor relevancia ante el escenario previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional. Según sostuvo, el texto incorpora artículos que, a su entender, afectan derechos de las personas con discapacidad.
En ese sentido, cuestionó que el Consejo Federal de Discapacidad no haya sido convocado para discutir las modificaciones. “Les aseguro que como representantes del Consejo Federal jamás, jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la Senadis que haya ido en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
La funcionaria misionera señaló que durante este año el Consejo Federal fue convocado solamente en dos oportunidades. Por eso, rechazó las versiones que atribuyen al organismo respaldo a las modificaciones impulsadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Demoras en medicamentos y ayudas técnicas
Durante su exposición, Antúnez describió el impacto que tiene la situación actual en Misiones. Señaló que en la provincia hay alrededor de 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y unas 48.000 afiliadas al Programa Federal Incluir Salud.
Además, remarcó que una parte importante de esa población vive en zonas rurales y periurbanas. Esto, explicó, agrega dificultades para acceder a servicios de salud, rehabilitación, transporte y otros apoyos.
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la falta de envío de medicamentos de alto costo a través de Incluir Salud. Como ejemplo, mencionó pacientes con hemofilia que necesitan tratamientos de entre $30 y $40 millones y que actualmente no estarían recibiendo su medicación.
También se refirió a pacientes con ELA cuyos tratamientos pueden alcanzar los 60.000 dólares. Según indicó, en Misiones hay 316 pacientes que esperan desde mayo una respuesta vinculada con sus tratamientos.
A esto se suman demoras de casi seis meses en la entrega de ayudas técnicas. Antúnez también mencionó la falta de envío de elementos ortopédicos y sillas de ruedas que habían sido adjudicados desde octubre de 2025.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad también señaló que existen cirugías pendientes desde febrero de 2025 y que, luego de haber acumulado más de seis meses de demora en los pagos a prestadores y transportistas, actualmente persisten atrasos de al menos dos meses.
Según explicó, las dificultades no se limitan a Incluir Salud. También alcanzan a otras coberturas. En ese punto, mencionó al PAMI y a las obras sociales comprendidas bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Reclamo por los fondos y advertencia sobre el Presupuesto 2027
Antúnez también puso el foco en el Fondo Nacional de Discapacidad. Señaló que desde la Secretaría Nacional de Discapacidad se informó que existen fondos disponibles, pero cuestionó que esos recursos no estén siendo ejecutados con la velocidad necesaria.
En Misiones, indicó, fueron aprobados cuatro proyectos cuyos fondos demoraron casi ocho meses en ser desembolsados. Además, sostuvo que programas del Fondo Nacional de Discapacidad aprobados y firmados en junio todavía no se habían puesto en funcionamiento hasta esta semana.
“Imagínense que todo esto pasa con el respaldo de la ley de emergencia en discapacidad. Imagínense si nosotros no tuviéramos esta ley”, planteó durante su exposición.
Frente a este escenario, Antúnez insistió en que las condiciones que dieron origen a la emergencia todavía están presentes. Por eso, consideró necesaria su prórroga y pidió a los legisladores que presten especial atención al tratamiento del Presupuesto 2027.
“No solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de derechos, estamos hablando de personas que están esperando una respuesta, estamos hablando de historias de vida que no pueden seguir esperando más”, sostuvo.
Finalmente, remarcó que las personas con discapacidad no deben ser consideradas una variable de ajuste fiscal. “La eficiencia del Estado la tenemos que discutir, pero no podemos discutir los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que las personas con discapacidad no deben ser observadas únicamente como pacientes. “Tienen derechos, tienen derecho a vivir con dignidad”, concluyó, al referirse a los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
