El anuncio del gobierno de que Javier Milei designará a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia por decreto generó una ola de críticas en el Senado, en especial del peronismo. José Mayans advirtió que el bloque de Unión por la Patria rechazará el pliego de los postulantes que acepten asumir sin el acuerdo constitucional.
Voceros de la principal bancada opositora confirmaron que sigue vigente la amenaza de Mayans. En noviembre, el senador le transmitió su posición al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante un informe ante el Senado. La semana pasada, el bloque kirchnerista ratificó esa postura al decidir no dar quórum para tratar el pliego de Lijo en una sesión que el Poder Ejecutivo intentó convocar. Finalmente, el gobierno desistó por falta de número para aprobar el dictamen.
¿Tiene el peronismo la posibilidad de frenar la designación de Lijo y Mansilla?
Cualquier acción del Senado deberá esperar hasta la próxima semana. El Congreso se encuentra en receso hasta el sábado, cuando comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias. Desde entonces, el Parlamento podrá discutir cualquier tema sin necesidad de habilitación del Ejecutivo.
El rechazo de un pliego para juez de la Corte requiere solo 25 votos, uno más del tercio del cuerpo. La dificultad radica en reunir quórum para habilitar una sesión sobre un tema que el Gobierno intentará evitar. Lijo cuenta con dictamen de la Comisión de Acuerdos, por lo que su pliego podría tratarse sin necesidad de una votación especial de dos tercios.
El conteo de votos en el Congreso
Fuentes oficialistas aseguraron que Lijo cuenta con más de 37 votos a favor. Sin embargo, el Gobierno podría evitar el debate para impedir que se rechace su nominación. En la Casa Rosada argumentaron que el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional garantiza estabilidad a los jueces designados por decreto hasta el 28 de febrero del próximo año. En el Senado atribuyen esta interpretación a García-Mansilla.
Mayans aseguró que cuenta con los 25 votos necesarios para bloquear las nominaciones. No obstante, integrantes de su bancada advirtieron que ese número solo se alcanzaría con el apoyo de senadores de otros bloques, como la UCR y el PRO. Lijo logró dividir al kirchnerismo gracias a sus vínculos con gobernadores y dirigentes peronistas del interior.
Qué postura tiene la oposición dialoguista
Tres senadores de Unión por la Patria firmaron el dictamen que impulsa la nominación de Lijo: Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero). Desde la oposición dialoguista sostienen que el juez federal contaría con al menos diez votos favorables dentro del bloque liderado por Mayans.
El kirchnerismo no fue el único sector que criticó la designación de jueces por decreto. El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) aseguró que, tras la decisión del Ejecutivo, cambió su postura y rechazará la nominación de García-Mansilla. “Me llevo una desagradable sorpresa. Estaba dispuesto a votar a García-Mansilla porque pensaba que reunía los requisitos para ser juez de la Corte, pero con esta decisión me está demostrando lo contrario. Nunca me imaginé que el docto García-Mansilla iba a aceptar una designación violando la Constitución Nacional”, declaró Blanco. También anunció que pedirá una sesión especial para rechazar los pliegos al inicio del período ordinario de sesiones.
El exoficialista Francisco Paoltroni (Formosa) también cuestionó la medida. “Representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente”, sostuvo. “Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente; lamentable”, agregó Paoltroni, quien fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza por orden del asesor presidencial Santiago Caputo debido a su oposición a la nominación de Lijo.
Guadalupe Tagliaferri (PRO) también criticó la jugada del Ejecutivo. “Es una decisión oportunista y peligrosa contraria al espíritu de la Constitución que pide búsqueda de consensos”, afirmó la legisladora. “Si bien es legal la herramienta, en este contexto genera una falta de legitimidad democrática, tiñe la credibilidad de esos jueces y produce un debilitamiento de la independencia judicial, están a tiro de decreto o de un rechazo en el Senado. ¿Cuál es la certeza y estabilidad jurídica que dan fallos de una Corte que en un año pueden ser removidos? O, peor. ¿Qué pasa si el Senado en un mes los rechaza? Todo esto daña brutalmente la institucionalidad del sistema”, concluyó Tagliaferri.
