Misiones se encamina hacia una de las transformaciones judiciales más importantes de las últimas décadas. El proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal, impulsado por el diputado provincial y mentor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, ingresará en los próximos días a la Legislatura con el objetivo de implementar el sistema acusatorio, agilizar los procesos judiciales y fortalecer la transparencia en el funcionamiento de la Justicia.
La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial. Según explicó Rovira, la propuesta constituye “un adelanto histórico” para la provincia y apunta a construir una Justicia más rápida, moderna y accesible para los ciudadanos.
“La semana que viene va a tomar estado parlamentario el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal estructuralmente de toda la provincia, orientándolo al proceso acusatorio, que es un adelanto histórico que vamos a tener en esta materia”, afirmó el legislador al presentar la iniciativa.
Un cambio estructural en el sistema penal
El núcleo de la reforma es la incorporación del sistema acusatorio, un modelo que modifica la distribución de funciones dentro del proceso penal.
Actualmente, el sistema vigente en Misiones es de carácter mixto. En ese esquema, los jueces de instrucción tienen un papel central en la investigación de los hechos y gran parte de las actuaciones se desarrollan mediante expedientes escritos.
Con la reforma, la investigación quedará en manos de los fiscales, mientras que los jueces pasarán a desempeñarse como jueces de garantías, encargados de controlar la legalidad del procedimiento, autorizar medidas solicitadas por la fiscalía y resguardar los derechos de las partes.
El ministro de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, consideró que la iniciativa tiene una trascendencia institucional comparable con algunas de las reformas más relevantes de la historia reciente de la provincia.
“Para encontrar un paralelo de las implicancias que tiene, hay que remontarse a la enmienda constitucional de 1999 que incorporó el Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces“, sostuvo. Según explicó, la magnitud de la reforma supera incluso otras modificaciones procesales realizadas en los últimos años.
“No hay otra relación que se pueda establecer. Si bien hubo reformas del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, laboral o de violencia familiar, la escala y la magnitud que tiene esta reforma es de gran significación“, remarcó.
Más protagonismo para los fiscales y un nuevo rol para los jueces
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el fortalecimiento de la figura del fiscal dentro del proceso penal. “El principio acusatorio plantea que es el fiscal quien lleva adelante la investigación y ya no el juez“, explicó Díaz.
En ese nuevo esquema, el magistrado deja de intervenir directamente en la investigación para asumir una función de control y garantía.
“El juez cambia su rol y se transforma en un juez de garantía. Es quien autoriza las medidas que solicita el fiscal, con pleno control de las partes“, detalló el ministro. Esta separación de funciones busca reforzar la imparcialidad de las decisiones judiciales y garantizar una mayor claridad en las responsabilidades de cada actor dentro del proceso.
La reforma también propone avanzar hacia un sistema con predominio de la oralidad. Actualmente, gran parte de las actuaciones judiciales se realizan mediante escritos que se incorporan a expedientes digitales. El nuevo modelo apunta a reemplazar buena parte de esos trámites por audiencias orales, presenciales o virtuales.
“Además del principio acusatorio, existe el principio de oralidad, en el cual gran parte de las actuaciones dejan de ser escritas“, señaló Díaz. Explicó que este cambio permitirá que las decisiones se adopten de manera más rápida y directa.
“Hoy se corre traslado a una parte de manera escrita y ese traslado se responde también por escrito. Después llega una resolución. Con el nuevo sistema, todo se resume en una intervención oral donde el juez escucha a las partes y toma una decisión“, indicó.
La modificación busca reducir tiempos, eliminar burocracia y brindar respuestas más ágiles tanto a las víctimas como a las personas sometidas a una investigación judicial.
Transparencia, tecnología y acceso a la Justicia
Otro de los objetivos centrales de la iniciativa es fortalecer la transparencia del sistema judicial. Al desarrollarse más instancias en audiencias públicas, las actuaciones ganan visibilidad y permiten un mayor control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.
La propuesta también incorpora herramientas para afrontar desafíos vinculados a nuevas modalidades delictivas, especialmente aquellas relacionadas con delitos informáticos, estafas virtuales y evidencia digital.
Desde Encuentro Misionero consideran que la reforma representa una adecuación necesaria frente a las demandas contemporáneas y una oportunidad para construir una Justicia más eficiente, moderna y cercana a la sociedad.
Con el ingreso formal del proyecto a la Cámara de Representantes, Misiones iniciará el debate de una reforma que busca redefinir el proceso penal provincial y que, según coinciden sus impulsores y referentes judiciales, marcará un antes y un después en el sistema de administración de justicia.
