La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo de Misiones para ampliar las facultades del Tribunal de Cuentas obtuvo dictamen por unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La iniciativa modifica la ley orgánica del organismo y habilita la fiscalización de empresas y sociedades en las que la Provincia o los municipios tengan participación mayoritaria.
La diputada provincial Anazul Centeno destacó, en una entrevista con LT17 Radio Provincia, el acuerdo alcanzado entre los integrantes de la comisión y explicó que el texto original “fue ampliado con aportes de los distintos bloques”. Según señaló, los legisladores pudieron analizar previamente la propuesta y presentar modificaciones durante el tratamiento, lo que permitió avanzar con el respaldo de todas las representaciones presentes.
El cambio central consiste en incorporar a esas estructuras empresariales dentro del alcance del control externo del Tribunal de Cuentas. El organismo podrá examinar cómo se utilizan los fondos públicos, sin intervenir en las decisiones cotidianas de administración de las empresas. La reforma busca precisar legalmente las atribuciones que tendrá para realizar esa fiscalización.
Los resultados de la fiscalización llegarán a Legislatura
Uno de los aportes incorporados durante el debate en comisión establece que los resultados de los controles deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes. Centeno explicó que la medida apunta a dar publicidad a las auditorías y permitir que el Poder Legislativo reciba información sobre las verificaciones realizadas.
“Esto es un control externo, es decir que no interfiere en cómo se manejan las empresas, sino en cómo se usan los fondos públicos que son de todos los misioneros y de todas las misioneras”, afirmó la diputada. De esta manera, diferenció la fiscalización de los recursos públicos de la gestión interna de las entidades alcanzadas.
Según los fundamentos del Ejecutivo, la incorporación expresa de estas empresas y sociedades permitirá reducir las dudas sobre la aplicación de la normativa vigente y establecer reglas más claras para el control. La iniciativa no crea un nuevo organismo, sino que modifica la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para precisar sus competencias sobre las estructuras vinculadas al Estado.
Buscan tratarlo en la próxima sesión
Centeno indicó que el dictamen quedó listo para ser debatido en el recinto y que “la intención es incluir el proyecto en la última sesión del período ordinario, prevista para el jueves de la semana siguiente”. La propuesta había ingresado a la Legislatura el jueves 15 y avanzó en comisión este martes 20.
“Logramos hacerlo con mucha celeridad”, sostuvo la legisladora al valorar el trabajo conjunto de los bloques. El dictamen unánime habilita el tratamiento parlamentario, pero la reforma todavía necesita la aprobación del pleno de la Cámara de Representantes para convertirse en ley.
El proyecto consta de tres artículos: uno establece la modificación legal, otro fija la fecha de entrada en vigencia y el tercero contiene el cierre formal. Si obtiene la aprobación legislativa, el nuevo esquema comenzará a regir el 1 de enero de 2027, con el objetivo de dar un marco normativo específico a la fiscalización de empresas con participación estatal mayoritaria.
