El desembarco en comisiones del Presupuesto Nacional 2027 abrió nuevos cuestionamientos sobre los recursos destinados a políticas sociales, educación superior y conservación ambiental en el Congreso de la Nación. En este marco, el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en las diferencias entre las obligaciones establecidas por las leyes vigentes y las partidas contempladas por el Poder Ejecutivo.
“Es un proyecto muy flaco para las provincias. No solo discapacidad, también financiamiento universitario, Ciencia y Tecnología, los fondos para bosques no cumplen la ley y solo asignan el 4% de los que corresponde”, sostuvo Herrera Ahuad al cuestionar la propuesta presupuestaria. Su planteo abarcó tres áreas con impacto directo en las provincias y, particularmente, en la capacidad de Misiones para sostener prestaciones, universidades y políticas ambientales.
Las críticas se formularon durante el inicio del tratamiento parlamentario del proyecto, con la participación del secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman, ante los legisladores. Mientras el oficialismo defendió las previsiones de gasto y presentó sus proyecciones económicas, distintos bloques reclamaron precisiones sobre el financiamiento de las obligaciones legales y la suficiencia de los recursos asignados para el próximo ejercicio.
Discapacidad, partidas insuficientes y obligaciones pendientes
A la hora de abordar el presupuesto vinculado con discapacidad, Guberman afirmó que el Gobierno nacional prevé duplicar las partidas destinadas a la atención sanitaria. Sin embargo, ante las consultas de los legisladores, evitó precisar si el Ejecutivo modificaría los artículos del proyecto que derogan disposiciones de la emergencia vigente, entre ellas la actualización automática de los pagos a prestadores.
Esa falta de precisiones se cruza con uno de los cuestionamientos centrales de Herrera Ahuad: la necesidad de que los recursos asignados garanticen el funcionamiento del sistema y no dependan de decisiones posteriores. Los atrasos en los pagos y la incertidumbre sobre la actualización de las prestaciones forman parte de los problemas que el diputado busca atender mediante cambios en las reglas de financiamiento.
En esa línea, Argentina Federal había impulsado modificaciones para incorporar mecanismos de actualización de las partidas, proteger el Nomenclador Único y transparentar las deudas con los prestadores. El bloque también planteó un cronograma para cancelar las obligaciones pendientes y evitar que las responsabilidades financieras nacionales se trasladen a las provincias.
Al defender esa postura, Herrera Ahuad remarcó la necesidad de establecer garantías que perduren más allá de los cambios políticos. “Yo quiero que haya una ley que proteja y cuide a la discapacidad, no importa el presidente que tengamos y no importa el Congreso que tengamos constituido dentro de dos años, dentro de cuatro años, dentro de diez años”, afirmó.
Universidades, otro foco de cuestionamiento
El financiamiento universitario también quedó entre los puntos objetados por Herrera Ahuad. El proyecto oficial contempla $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, frente a los aproximadamente $11 billones que reclaman los rectores para cubrir las necesidades del sistema y cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La diferencia entre ambos montos ronda los $3,7 billones, una brecha que vuelve a poner en discusión la capacidad de las partidas previstas para sostener el funcionamiento de las casas de estudio. El reclamo universitario comprende los gastos operativos, la recomposición salarial de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los recursos destinados a investigación científica.
La Ley 27.795 establece obligaciones para el Estado nacional vinculadas con la recomposición de los gastos de funcionamiento universitario, la actualización de los recursos según la evolución de los precios y la negociación salarial del personal docente y no docente. También contempla partidas para becas estudiantiles y actividades de investigación, por lo que la discusión presupuestaria abarca tanto el sostenimiento cotidiano de las instituciones como sus funciones académicas y científicas.
Misiones recibiría apenas el 4,1% de los fondos previstos para 2027
Misiones debería recibir $19.493 millones en 2027 por los fondos previstos en la Ley de Bosques, pero el proyecto de Presupuesto nacional contempla una asignación de apenas $793,1 millones, equivalente al 4,1% de ese monto. La diferencia supera los $18.700 millones y constituye uno de los principales cuestionamientos de Herrera Ahuad al financiamiento ambiental previsto por el Gobierno nacional.
“La ley de bosques establece un 100% que son $19 mil millones. Ellos solo pusieron en el presupuesto el 4% de ese monto”, afirmó el diputado nacional. Su reclamo apunta a la distancia entre los recursos que corresponden a la provincia, la cual mantiene el 54% de su superficie cubierta por bosques nativos.
Los datos de la plataforma de la Fundación Vida Silvestre Argentina permiten dimensionar la evolución de esas asignaciones. Para 2026, el monto correspondiente a Misiones figura en $14.281 millones, pero lo asignado fue de $509,3 millones, apenas el 3,6%. Para 2027, aunque el monto correspondiente aumenta a $19.493 millones, la partida proyectada de $793,1 millones continúa muy por debajo de ese total: el porcentaje sube al 4,1%, sin llegar a cubrir una fracción significativa de los recursos calculados.
La insuficiencia de fondos no se limita a una diferencia contable: condiciona los recursos disponibles para las tareas provinciales vinculadas con la protección y el manejo sostenible de los bosques nativos. En el debate del Presupuesto 2027, Herrera Ahuad incluyó este punto entre sus críticas a las partidas nacionales, junto con los fondos para discapacidad, financiamiento universitario y Ciencia y Tecnología.
