Los diputados nacionales por Misiones —Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz— marcaron posición en el Congreso durante el debate por la Ley de Imputabilidad de Menores. En ese marco, fijaron una postura clara del misionerismo en un tema sensible para el país y plantearon objeciones concretas al texto en discusión.
En primer lugar, los legisladores expresaron, a través de Oscar Herrera Ahuad, una disidencia al dictamen de mayoría sobre uno de los proyectos en tratamiento. De ese modo, dejaron asentado su desacuerdo con puntos específicos de la redacción propuesta. La posición resultó firme: acompañar lo que mejora la herramienta legal, pero no avalar textos que no contemplen la realidad federal.
Herrera Ahuad expresó la postura de los diputados misioneristas sobre la Ley de Imputabilidad
Posteriormente, Herrera Ahuad impulsó una moción de orden y respeto en el recinto. Allí cuestionó el clima de confrontación y la dificultad para escuchar a los oradores. Además, planteó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de escucha, especialmente en su caso, ya que padece hipoacusia y solo puede oír correctamente a quien tiene el micrófono habilitado. Sus pares respaldaron el planteo y remarcaron la importancia de sostener un ámbito institucional donde todas las voces puedan ser escuchadas antes de fundamentar el voto.
Durante el debate, los diputados definieron la Ley de Imputabilidad como una “ley de grandes oportunidades para la Argentina”, al entender que busca abordar problemas estructurales. Asimismo, señalaron que existe coincidencia entre distintos bloques en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, aunque cada espacio lo hace desde su propio enfoque.
También remarcaron que experiencias en países como Chile y Brasil demuestran que se trata de una discusión vinculada a políticas públicas de seguridad y protección integral de derechos. En consecuencia, sostuvieron que el debate trasciende los signos partidarios y exige acuerdos amplios.
Uno de los ejes centrales de la postura misionerista fue la necesidad de garantizar financiamiento real para la implementación de la ley. En ese sentido, cuestionaron la práctica de sancionar normas sin prever previamente los recursos presupuestarios necesarios para que las provincias puedan cumplirlas.
Advirtieron que, en su redacción original, el proyecto estaba pensado principalmente para grandes centros urbanos y no contemplaba la realidad de distritos como Misiones. Por eso trabajaron para incorporar el financiamiento indispensable. Sostuvieron que sin respaldo económico cualquier ley termina siendo de imposible aplicación en el interior del país.
Finalmente, dejaron en claro que la iniciativa no apunta a encarcelar menores como primera instancia. Por el contrario, propusieron fortalecer herramientas de prevención, contención y asistencia multidisciplinaria, en línea con experiencias que ya funcionan en Misiones desde una perspectiva integral.
