Misiones registró un crecimiento en la tasa de egreso del nivel secundario, que llegó al 79,09% en 2025, casi cinco puntos porcentuales por encima del año anterior. El resultado se enmarca en una política de inversión educativa que abarca infraestructura escolar, alfabetización, acompañamiento estudiantil y actualización salarial para los trabajadores del sector.
El sistema educativo provincial alcanza a 459.725 estudiantes, cuenta con 35.332 docentes y comprende 3.048 anexos educativos. Para sostener su funcionamiento, el Gobierno provincial ejecuta un presupuesto educativo de $50.870.980,0, en un contexto económico nacional complejo y con una proyección presupuestaria para 2027 que contempla un incremento del 54,69%.

La administración de esos recursos comprende tanto el sostenimiento cotidiano de las instituciones como el desarrollo de programas destinados a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En ese esquema, la infraestructura, la provisión de materiales, la conectividad y la alimentación escolar forman parte de las líneas de intervención estatal.
Obras escolares y alfabetización
Durante 2026 se ejecutaron 200 obras edilicias en establecimientos educativos de Misiones, como parte de las acciones orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura escolar. Además, se distribuyeron más de 5.000 mobiliarios para el nivel inicial.
En materia pedagógica, el Plan Jurisdiccional de Alfabetización alcanzó a 1.326 escuelas mediante la distribución de 600.000 manuales de Lengua y Matemática. La iniciativa apunta a fortalecer los aprendizajes fundamentales y acompañar el trabajo docente en las aulas.
El acompañamiento a las trayectorias educativas también incluyó la adjudicación de 23.022 becas Progresar. De ese total, 18.171 correspondieron al nivel obligatorio, 3.714 al nivel superior y 1.137 a la línea Progresar Trabajo.
Por su parte, la educación técnica recibió recursos específicos. El Fondo Escolar 2026, correspondiente al Programa 39, registró una ejecución del 86,05% y alcanzó a 64 instituciones, entre Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) e Institutos de Enseñanza Agropecuaria (IEA). El Fondo Provincial, en tanto, llegó al 94,95% de ejecución.
Aumento salarial en dos tramos
La política educativa también contempla la actualización de los haberes docentes. En el marco de la negociación paritaria, la Provincia acordó un incremento salarial en dos etapas, con aplicación en octubre y noviembre.
El salario básico docente pasará a $208.045,77 en octubre y a $216.700,77 en noviembre. Para el cargo testigo sin antigüedad, el piso salarial neto de bolsillo se ubicará en $871.000 en octubre y alcanzará los $902.000 en noviembre.
El ministro de Educación, Ramiro Aranda, defendió el acuerdo anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua y destacó que la actualización se sostiene con recursos provinciales. También remarcó que la composición de los haberes se encuentra completamente formalizada.
“Hoy el docente misionero no tiene un ítem que sea en negro”, sostuvo el funcionario, al referirse a la estructura salarial del sector.
De acuerdo con las simulaciones difundidas por el Ministerio de Educación, un maestro de grado sin antigüedad pasará de cobrar $830.608 en septiembre a percibir $871.000 en octubre y $902.000 en noviembre. Para un docente con 25 años de servicio, el ingreso alcanzará los $1.169.862.
En el nivel secundario, para una carga de 42 horas cátedra, el ingreso inicial de bolsillo ascenderá de $1.993.961 en septiembre a $2.164.419 en noviembre. En el caso de los docentes con 25 años de antigüedad, el haber líquido llegará a $2.673.436 en noviembre.
Para el nivel superior, con una carga de 30 horas, el salario inicial de bolsillo pasará de $1.831.259 en septiembre a $1.992.316 en noviembre. En el extremo de mayor antigüedad, el ingreso alcanzará los $2.431.808.
Estabilidad laboral y derechos docentes
Aranda señaló que las negociaciones paritarias no se limitan a la actualización de los ingresos, sino que también incluyen cuestiones vinculadas con la estabilidad laboral y el reconocimiento de derechos.
“Negociamos salario, pero también negociamos derechos, titularizaciones, estabilidad laboral, un montón de cosas que, cuando uno mira la foto de cómo está Misiones, no pasa en otras provincias”, afirmó en declaraciones a Canal Doce.
El ministro sostuvo que los acuerdos permiten avanzar en la regularización de situaciones laborales y generar nuevas oportunidades de estabilidad para trabajadores del sistema educativo. En ese sentido, mencionó los casos de docentes suplentes que podrán acceder a cargos interinos a partir de la liberación de vacantes.
Además, explicó que uno de los objetivos de la negociación fue evitar que se reduzcan las diferencias salariales asociadas a la antigüedad, de acuerdo con lo establecido en el estatuto docente.
El funcionario también contrastó la composición de los salarios misioneros con la de otras jurisdicciones y destacó el carácter remunerativo y formalizado de los conceptos que integran los haberes. Como ejemplo, mencionó el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), implementado mediante acuerdos paritarios con los gremios.
Inversión provincial en un contexto complejo
La continuidad de las políticas educativas requiere sostener tanto los recursos destinados al funcionamiento de las escuelas como las medidas de acompañamiento a docentes y estudiantes. En ese marco, la Provincia combina la ejecución de obras, la distribución de materiales pedagógicos, las becas y la actualización salarial.
El incremento de la tasa de egreso secundario, que llegó al 79,09% en 2025, constituye uno de los indicadores de evolución del sistema. Su crecimiento respecto del año anterior se suma a las acciones destinadas a fortalecer las trayectorias escolares y ampliar las condiciones de acceso y permanencia en la educación.
En paralelo, el Gobierno provincial mantiene las negociaciones salariales con los gremios docentes para actualizar los ingresos y atender las demandas vinculadas con la estabilidad laboral.
De esta manera, la inversión educativa en Misiones comprende distintas dimensiones: desde las condiciones materiales de las escuelas hasta el acompañamiento de los estudiantes y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El desafío es sostener esas políticas y traducir los recursos destinados al sector en mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Fotografía destacada: ©Marcos Otaño.

