La ley establece un cronograma obligatorio de tres etapas, entre noviembre de 2026 y julio de 2027, para completar el pago de las movilidades pendientes a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social. La medida se enmarca en el reclamo por la deuda previsional de Nación con la Provincia, que rondaba los $300 mil millones a fines de 2024, según los fundamentos del proyecto.