Los diputados buscan acuerdos parfa modificar la ley de DNU, estableciendo plazos para la validación de los mismos en el Congreso.
A partir de esta tarde, un plenario de comisiones iniciará la discusión sobre la reforma de una ley de 2006 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La oposición busca establecer plazos que obliguen al Congreso a pronunciarse sobre los DNU y propondrá prohibir los megadecretos, como el 70/2023, dictado por Javier Milei en diciembre, que incluye más de 300 medidas sobre diversas temáticas.
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles la evaluación de una reforma destinada a modificar la ley de DNU y el uso que hacen de ellos los presidentes de la Nación. Bajo esta iniciativa, buscan evitar que se pueda gobernar sin la intervención del Congreso. Esta modificación de la ley 26.122 regula el empleo de los DNU.
Por qué los diputados buscan modificar la ley de DNU
En contexto, los DNU permiten al Presidente tomar decisiones sin la aprobación del Congreso en situaciones urgentes, aunque muchas veces estas decisiones no parecen del todo urgentes. Un ejemplo es el DNU 70/2023, firmado por Milei al asumir la presidencia, que elimina las restricciones de precios a la industria prepaga.
El gobierno de La Libertad Avanza consideró “urgente” que las prepagas puedan incrementar sus tarifas a voluntad y también impulsó la derogación de leyes relacionadas con alquileres, abastecimiento y la creación de sociedades anónimas para clubes de fútbol. Incluso, dentro de ese gran paquete de modificaciones se incluyó la desregulación del precio de la hoja de la yerba mate, que afecta negativamente a la producción en Misiones.
Por ello, se conformó una comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho diputados y ocho senadores. Sin embargo, esta comisión rara vez emite sus dictámenes a tiempo y sus resoluciones no son vinculantes, ya que deben ser aprobadas posteriormente por ambas cámaras.
Una modificación del primer mandato de Cristina Kirchner
Desde 1994, los DNU están contemplados en la Constitución, pero su uso depende de una ley reglamentaria sancionada en 2006, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley estipula que para que un DNU pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso. El DNU 70/2023 de Javier Milei continúa vigente porque hasta ahora solo ha sido rechazado en el Senado.
Con opiniones diferentes, expertos en derecho cuestionan la ley, que permite a un presidente gobernar por decreto, a excepción de aspectos prohibidos por la Constitución. Hasta hace un mes, el Congreso nunca había rechazado un DNU presidencial. Sin embargo, el Senado aprobó el rechazo a un DNU que otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia en concepto de gastos reservados.
Milei no se limitó al DNU 70/2023: firmó en 10 meses de gobierno otros 41 DNU. En respuesta, la oposición busca modificar la ley para dificultar el uso de estos decretos sin la validación del Congreso.
La oposición propone que la nueva ley establezca que si el Congreso no se pronuncia sobre un decreto en un tiempo determinado, este pierde su validez, lo que contradice lo que la legislación actual establece.
Cómo continúa el debate
El debate sobre esta reforma comenzó a las 17 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, lideradas por Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Silvia Lospennato, del PRO. Ambos presidentes debieron convocar al plenario tras la aprobación de un emplazamiento a estas comisiones por parte del pleno de la Cámara de Diputados, a instancias de la oposición más intransigente, para discutir la reforma de la ley de DNU.
El emplazamiento surgió tras un triunfo del oficialismo al bloquear el rechazo de la oposición al veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario. El diputado Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, impulsó esta propuesta con el respaldo de la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Unión por la Patria.
La oposición planea emitir un dictamen dentro de dos semanas, el miércoles 30 de octubre, con 16 proyectos presentados. La mayoría propone un plazo de entre 30 y 60 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de un DNU; de no haber pronunciamiento, el decreto perdería automáticamente su vigencia. También se planea que el radicalismo proponga la prohibición directa de los megadecretos, como el DNU 70/23.
