La Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial deroga regulaciones históricas y flexibiliza requisitos de almacenamiento y fiscalización. La medida se inscribe en la desregulación nacional impulsada por Javier Milei, que recortó las facultades del Instituto y favorece a los grandes industriales, mientras los pequeños productores misioneros quedan expuestos.