El Decreto N.º 1935 instruye al Fiscal de Estado a promover las acciones y defensas necesarias ante los posibles efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La medida se fundamenta en la defensa de los derechos e intereses de la provincia sobre el territorio, los recursos naturales y su condición de jurisdicción fronteriza. Es el primer gobernador que se expide al respecto.