El gobernador Hugo Passalacqua anunció la reducción al 30% del tope de los descuentos voluntarios que pueden afectar los haberes de empleados públicos y jubilados misioneros que acceden a créditos. El Decreto N.º 1751/26 también establece límites para las tasas y el costo financiero de las operaciones que administra el Centro Único de Administración de Descuentos (Cuad).
Passalacqua vinculó la medida con el contexto económico nacional y con el nivel de endeudamiento de quienes recurren al financiamiento. “En el país la cosa no está fácil, lo sabemos todos. Por eso tomé la decisión, vía decreto, para aquellas personas que van a tomar un crédito porque están sobreendeudadas con la situación”, explicó.
El nuevo esquema busca que las cuotas ocupen una porción menor de los ingresos y que quienes solicitan financiamiento conozcan de antemano cuánto deberán descontar de sus haberes. “La tasa de interés, a la mitad. Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”, señaló el mandatario.
La medida incluye a agentes de seguridad, educación y salud, entre otros trabajadores de la administración pública. “Todo lo hacemos en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”, afirmó el gobernador a través de sus redes sociales.
Passalacqua decretó una nueva reducción del tope de descuentos para aliviar a las familias
La Provincia ya había reducido el margen de afectación de los haberes para los nuevos créditos con código de descuento. En una primera instancia, fijó un límite del 39% y acompañó esa medida con herramientas de asistencia y refinanciación para las personas con mayor nivel de endeudamiento.
A fines de agosto, el Gobierno provincial anticipó otra reducción de ese porcentaje. El Decreto N.º 1751/26 concretó ese anuncio y estableció que el conjunto de las deducciones voluntarias no podrá superar el 30% del haber mensual neto, una vez aplicados los descuentos obligatorios.
La decisión llega en un escenario nacional donde aumentaron las dificultades para cumplir con las obligaciones crediticias. Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial cita datos del Banco Central de la República Argentina (Bcra) que ubican la morosidad del crédito en 12,7%.
El decreto también plantea la necesidad de preservar la liquidez financiera de los agentes públicos y mantener un margen disponible de sus ingresos. Con ese objetivo, la nueva regla fija un límite más bajo para los descuentos voluntarios y apunta a prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
Una medida para resguardar los haberes estatales y jubilaciones
El nuevo esquema también fija límites para los mutuos, préstamos y financiaciones destinados a agentes activos o pasivos incluidos en el Cuad, siempre que las cuotas se cobren mediante códigos de descuento. De esta manera, la normativa establece parámetros concretos para evitar que las operaciones comprometan los haberes por encima de los valores definidos.
Desde la entrada en vigencia del decreto, la Tasa Nominal Anual (TNA) de estos créditos no podrá superar el promedio mensual de los préstamos personales que publica el Banco Central de la República Argentina (Bcra). Para calcular el máximo, las entidades deberán tomar como referencia el último promedio mensual disponible antes de otorgar cada operación.
El régimen también establece un límite para el Costo Financiero Total (CFT), que expresado como Tasa Nominal Anual no podrá superar en más de un 40% la TNA máxima de referencia. Así, la regulación alcanza no solo a los intereses, sino al costo completo que afrontará el agente.
Para determinar ese costo total, las entidades deberán incluir intereses, impuestos —entre ellos el IVA cuando corresponda—, comisiones, seguros, gastos administrativos y cualquier otro cargo relacionado de forma directa o indirecta con la operación. La disposición apunta a impedir que conceptos adicionales eleven el valor final del crédito por encima de los parámetros fijados.
Además, el decreto prohíbe exigir al agente cualquier suma, comisión, seguro o gasto que no figure informado e incorporado previamente al CFT computado dentro del límite establecido. Con esta condición, el nuevo régimen busca que el costo real del financiamiento quede definido desde el inicio y sin cargos por fuera de lo declarado.
Reforzarán la transparencia a la hora de tomar un crédito
Las nuevas reglas también refuerzan la información que deben brindar las entidades que trabajan con códigos de descuento. El objetivo es que el agente conozca con precisión las condiciones del financiamiento antes de asumir una nueva obligación.
Antes de entregar un préstamo o financiación, las entidades deberán comunicar de manera clara cuánto dinero recibirá efectivamente el agente, cuántas cuotas deberá pagar y cuál será el monto de cada una. También tendrán que detallar las tasas, el Costo Financiero Total, las comisiones, los seguros, los gastos administrativos y todos los demás cargos, además del monto final que deberá devolver.
A su vez, cada entidad tendrá que presentar ante el Cuad, durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, los datos sobre las tasas, costos y condiciones vigentes para los créditos que ofrecerá durante ese período. También deberá informar las condiciones que aplicó efectivamente durante el mes anterior.
Toda esa información tendrá carácter de declaración jurada y las entidades deberán aportar la documentación que respalde los datos cuando el Cuad la solicite. Ante incumplimientos de las condiciones, obligaciones o límites previstos, el organismo podrá disponer, previa intimación y verificación, la suspensión del código de descuento.
Apuntan a la extensión de plazos y refinanciación para abordar el endeudamiento
Las nuevas condiciones financieras alcanzarán a los préstamos, mutuos y financiaciones celebrados desde la vigencia del decreto, además de las renovaciones, refinanciaciones y novaciones posteriores. En cambio, las operaciones anteriores mantendrán las condiciones pactadas originalmente, aunque el esquema incorpora alternativas para adaptar los descuentos al nuevo tope.
En esos casos, las entidades deberán buscar acuerdos con los agentes activos o pasivos para refinanciar o reestructurar las deudas. Entre las opciones previstas figura la extensión de los plazos y, cuando corresponda, la modificación de las condiciones financieras.
La reestructuración no podrá imponer una situación más gravosa para el agente y tendrá como finalidad que los nuevos descuentos queden dentro del límite del 30% del haber mensual neto. De esta manera, la adecuación busca compatibilizar las obligaciones existentes con el nuevo esquema de protección sobre los ingresos.
La medida profundiza el camino que Misiones inició con el límite del 39% y las herramientas de asistencia y refinanciación para los casos de mayor afectación de los haberes. Ahora, la Provincia lleva ese techo al 30%, fija parámetros máximos para el costo de los créditos y suma mayores exigencias de información y control sobre las entidades que aplican descuentos directos.
El nuevo esquema consolida así una política orientada a reducir el impacto del endeudamiento sobre los ingresos de empleados públicos y jubilados. La combinación de un menor tope de descuentos, límites al costo financiero, mayor transparencia y mecanismos de refinanciación refuerza la protección del haber mensual frente al sobreendeudamiento.
