El diputado provincial José Luis Pastori respaldó el proyecto que busca ampliar las facultades del Tribunal de Cuentas de Misiones para auditar empresas del Estado y sociedades en las que la Provincia o los municipios tengan participación mayoritaria o capacidad predominante de decisión. “Quien no puede rendir cuentas no está preparado para gobernar”, sostuvo el legislador en una entrevista con LT17 Radio Provincia.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Hugo Passalacqua y tomó estado parlamentario durante la sesión del pasado jueves 15 de octubre en la Cámara de Representantes. Según explicó Pastori, la reforma apunta a que estas empresas deban presentar sus rendiciones y acreditar cómo, cuándo y en qué gastaron, con documentación que permita verificar la legalidad y pertinencia de cada operación.
Qué cambiaría con la reforma
El proyecto propone modificar el artículo 2 de la Ley I-N.º 3, anteriormente conocida como Decreto Ley 1214/60, para incorporar expresamente a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y otras entidades en las que el Estado provincial o municipal tenga mayoría de capital o capacidad predominante para tomar decisiones. La propuesta busca precisar el alcance de las atribuciones del Tribunal de Cuentas, responsable del control externo de los recursos públicos.
Pastori explicó que, hasta ahora, estas empresas se regían por una normativa específica que las dejaba fuera del ámbito de fiscalización del organismo. Por ese motivo, consideró que la modificación de la ley orgánica es la vía para habilitar las auditorías: “El Tribunal de Cuentas solamente no podía hacer esto porque sería contrario de la ley, era hacer algo que no le correspondía”, señaló.
El legislador diferenció el mecanismo vigente de la supervisión que propone la reforma. Según describió, hasta ahora las empresas presentaban balances y atravesaban auditorías contables, mientras que el nuevo esquema permitiría examinar también la ejecución del gasto, las facturas, las autorizaciones, el crédito presupuestario disponible y la correspondencia entre las compras realizadas y los pagos efectuados.
Auditorías y posibles sanciones
Para explicar el alcance del cambio, Pastori comparó el procedimiento previsto con los controles que actualmente se aplican a municipios y ministerios. En esos casos, el Tribunal de Cuentas revisa la documentación de las operaciones, las autorizaciones y la trazabilidad de los pagos. El diputado sostuvo que las empresas alcanzadas deberán cumplir exigencias similares para justificar el uso de sus recursos.
Entre las entidades que mencionó como ejemplos figuran Energía de Misiones (Emsa) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc). De aprobarse la reforma, el Tribunal de Cuentas quedaría a cargo de verificar la correcta aplicación de los fondos de esas empresas, en el marco de las nuevas atribuciones que establece el proyecto.
Pastori también advirtió que las rendiciones deficientes o irregulares podrían derivar en consecuencias económicas y administrativas. Mencionó multas, cargos pecuniarios, intereses y desaprobaciones de cuentas, en línea con las medidas que se aplican ante irregularidades en otros organismos públicos. La propuesta fija como fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 2027, un plazo que, según los fundamentos oficiales, permitirá organizar y coordinar la implementación del nuevo marco normativo.
Foto de portada: Sixto Fariña
