El proyecto incorporó modificaciones a partir de los aportes de distintos bloques durante el debate legislativo, entre ellas nuevos mecanismos de seguimiento de la deuda y mayores controles sobre la administración de los recursos públicos. Para 2027, prevé unos $3,5 billones para inversión social y una partida específica para infraestructura, con obras previstas en energía, agua, caminos, escuelas y viviendas.
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