El proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el Gobierno nacional generó reclamos de varias provincias. Ocurrió apenas ingresó al Congreso y los gobernadores revisaron la letra chica. La discusión se concentró en la posible reducción de fondos para infraestructura, educación y salud, tres áreas que definen la vida cotidiana de millones de argentinos.
Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que “no está en el presupuesto nacional” la inversión en infraestructura vial, energética y en gas, condiciones que consideró indispensables para generar empleo. Insistió en que el país necesita bajar costos logísticos, mejorar rutas y puertos, y apuntalar la competitividad de la industria.
En el norte, el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, advirtió que el proyecto elimina la Ley de Financiamiento Educativo. La norma aseguraba el 6% del PBI para educación y el 1% para Ciencia y Tecnología. A su entender, esa medida implicaría “un retroceso para el país”, ya que debilitaba conquistas logradas tras décadas de reclamos.
En La Pampa, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, reclamó por la paralización de proyectos federales y el incumplimiento de compromisos asumidos por Nación. Señaló como ejemplo el acueducto de General Pico, al que se le asignaron apenas $12.000 millones. Explicó que esa suma solo cubriría uno o dos meses de ejecución. Además, mencionó que las rutas nacionales recibieron fondos insuficientes, al punto de que “solo se podría ejecutar medio kilómetro”.
Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, realizó un viaje relámpago al Ministerio de Infraestructura de la Nación. Allí verificó que las obras comprometidas en el convenio de compensación de deudas estaban incluidas en el presupuesto. Enumeró el nuevo Penal, el Procrear, el Acueducto de Vipos y la obra eléctrica entre El Bracho y Villa Quinteros. Sin embargo, aclaró que el proyecto “únicamente fue un anuncio” y todavía debe atravesar el Congreso.
Pullaro, en su doble rol de gobernador y referente de Provincias Unidas, endureció su discurso contra la Casa Rosada. Reafirmó que acompañan el objetivo de equilibrio fiscal, pero advirtió que los recursos para salarios docentes resultan insuficientes. “Hubo una pérdida del salario real superior al 40%“, recordó, y sostuvo que las partidas para universidades también se quedan atrás.
En Salta, Dib Ashur amplió sus críticas al sistema de coparticipación. Subrayó que de cada $100 recaudados, $70 quedan en Nación y $30 van a provincias y municipios. Consideró injusto que se concentren fondos en Buenos Aires mientras se delegan funciones a los distritos. “Es muy parecido a los 90”, comparó, y ratificó que pelearán por los recursos de los salteños “más allá del color político”.
Intronati, desde La Pampa, fue más allá y advirtió que la política de “déficit cero” puede transformarse en un “déficit social”. Según explicó, el recorte compromete la infraestructura esencial y amenaza la calidad de vida de la población. Reiteró que sin inversión en rutas, acueductos y energía, las provincias quedan relegadas y sin posibilidades de crecer.
