Según la investigación judicial, al menos dos millones de pesos de origen desconocido se reportaron como aportes falsos a la campaña de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, hechos por personas que, posteriormente, negaron su participación y que, en muchos casos, estaban en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Esos dos millones de pesos, si se los actualiza por inflación representan hoy 122 millones de pesos.
Los aportes falsos en cuestión fueron para la campaña de las elecciones primarias y generales de 2017, en la que Cambiemos llevó como candidatos a Esteban Bullrich y Gladys González para el Senado, y a Graciela Ocaña para Diputados. La lista obtuvo una victoria significativa frente a Unidad Ciudadana, que lideraba Cristina Kirchner. Pese a ello, la investigación judicial se concentró exclusivamente en los responsables económicos y financieros de la campaña, dejando fuera, por ahora, a los responsables políticos.
Los procesados y los delitos imputados
Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, quienes estaban a cargo de las finanzas de la campaña, fueron procesados por falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos. Ambos delitos conllevan penas que van desde la prisión de uno a seis años y la inhabilitación para ejercer funciones públicas hasta por una década. Además, se dictó un embargo sobre sus bienes, con montos que oscilan entre los 30 y 50 millones de pesos.
La causa expone que un 37% de los aportes que se analizaron eran falsos. En total, se citpo a declarar a 161 personas que negaron tales contribuciones. Muchas de ellas eran jubiladas, beneficiarias de programas sociales o trabajadores en situación precaria. Algunos testimonios reflejan la magnitud del engaño: “Jamás aporté dinero a nadie porque estoy sola con mis tres hijas menores y apenas llego a fin de mes”, declaró una mujer que figuraba con un aporte falso.
Irregularidades en los aportes
La investigación también señaló que el 90% de los fondos que se reportaron se entregaron en efectivo, una práctica que se prohibió desde 2019 por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los montos iban desde 700 hasta 22.000 pesos y, según los peritos, el total de aportes falsos que se auditó alcanzó los 1.962.325 pesos, cifra que si se la actualiza a valores de hoy equivale a más de 122 millones de pesos. Además, el juez subrayó que aún se desconoce el verdadero origen de gran parte de los fondos utilizados.
“La inserción de información falsa en los informes de rendición de cuentas y en los recibos de aportes se articuló con el fin de ocultar dolosamente el origen de los fondos”, explicó Ramos Padilla, quien destacó que el volumen de irregularidades descarta la posibilidad de que se trate de simples errores materiales.
Utilizaron personas vulnerables para aportes falsos en Cambiemos
Una de las aristas más sensibles de la causa de los aportes falsos a la campaña de Cambiemos de 2017 en Buenos Aires es la implicación de personas en situación de vulnerabilidad, cuyos datos se utilizaron sin consentimiento para justificar aportes falsos. Muchos de los declarantes explicaron que no habrían podido realizar tales contribuciones debido a su situación económica. Una mujer que recibía 4.800 pesos mensuales del Programa Hogar figuraba con un aporte de 2.000 pesos, mientras que otros testimonios reflejaron situaciones similares.
Contexto judicial y continuidad de la causa
La defensa de los procesados argumentó que la causa debería suspenderse hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera el proceso de control electoral de los gastos, una condición introducida por la reforma de 2019. Sin embargo, Ramos Padilla rechazó este planteo, al considerar que otorgar ese privilegio implicaría crear “fueros especiales” para los acusados, algo incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
El magistrado advirtió que aceptar esa posición podría obstaculizar severamente la investigación de delitos electorales. “Sería inadmisible que, incluso ante la evidencia de un delito de acción pública, no se pudieran tomar medidas como allanamientos para resguardar pruebas”, argumentó.
Aportes falsos en campaña de Cambiemos: implicancias políticas
El caso pone en el centro de la discusión la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas y plantea preguntas sobre la fiscalización de los fondos. Aunque el proceso judicial aún está en curso y los responsables políticos no han sido imputados, las acusaciones representan un golpe para la imagen de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, y resaltan la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan.
Con la continuación de la causa, se espera que se esclarezca no solo el origen de los fondos irregulares, sino también si hubo más implicados en una trama que compromete la integridad del sistema electoral argentino.
