El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, celebró la anticipación con la que la provincia comenzó a trabajar en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), que entrará en vigencia en septiembre. “La finalidad primordial es la resocialización. Toda medida privativa de libertad tiene carácter excepcional y debe estar fundada”, afirmó en diálogo con el programa El Periodista por Canal Doce.
Díaz explicó que la norma introduce un cambio sustancial: baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes de entre 14 y 18 podrán ser sometidos a proceso penal. “Lo que tiene de mayor severidad esta norma pasa por la baja de la imputabilidad. Pero también abre la posibilidad de dar respuesta institucional a un universo de jóvenes que antes quedaba sin abordaje”, señaló.
El ministro subrayó que la diferencia con el régimen de adultos es clara: “En los adolescentes la mirada es esencialmente de resocialización, de reintegración social. Un joven tiene más herramientas y posibilidades de reinsertarse, y es responsabilidad de la sociedad dar esa oportunidad”.
Protocolos y articulación interinstitucional
El Superior Tribunal de Justicia inició mesas de trabajo con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto a magistrados y funcionarios judiciales, para elaborar protocolos de intervención. La estrategia apunta a articular acciones con ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Deportes, Prevención de Adicciones, Gobierno, Policía y Servicio Penitenciario, entre otros.
“Estamos plenamente involucrados en este proceso que tiene que ver con nuestra niñez y adolescencia. El Estado somos todos, y lo que la sociedad busca es una respuesta de contención”, expresó Díaz en la apertura de la mesa interinstitucional.
La ministra Cristina Irene Leiva destacó que “estos menores son los que después van a construir nuestro futuro”, mientras que Valeria Fiore Cáceres calificó la reforma como “una de las modificaciones más importantes en materia de niñez y adolescencia en las últimas décadas”.
Un sistema garantista
El nuevo régimen penal juvenil deja atrás el modelo inquisitivo y tutelar para dar lugar a un sistema acusatorio y garantista, que prioriza la reintegración social y el respeto irrestricto de los derechos. Se incorporan principios como la legalidad, la razonabilidad, la excepcionalidad de la privación de libertad y el derecho de defensa desde el inicio del proceso.
La ley también crea la figura del supervisor, encargado de realizar un seguimiento personalizado de cada adolescente en conflicto con la ley penal. “El objetivo es brindar una mirada integral, interdisciplinaria, contemplando el contexto socioeducativo, familiar y de salud”, explicó Díaz.
Actualmente, Misiones registra alrededor de 1.400 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales solo 30 cumplen una pena privativa de libertad en la Unidad Penal IV de Menores. El resto transita procesos socioeducativos bajo supervisión judicial.
“Se trata de anticipar respuestas restaurativas y de mediación penal juvenil para que cada adolescente tenga una nueva oportunidad”, concluyó Díaz.
